La resolución fue firmada por el nuevo director de Ciberseguridad, después de que su antecesor renunciara por la cancelación de un evento en el que participaban empresas chinas.
El Gobierno de Javier Milei incorporó una certificación estadounidense para restringir la participación de empresas chinas en las telecomunicaciones. Se trata del mismo requisito que provocó una fuerte controversia en Paraguay, donde dos de los principales operadores decidieron no participar de una licitación para desarrollar redes 5G.
La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad. La norma incorpora como referencia la certificación SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada estadounidense que establece requisitos de seguridad para las cadenas de suministro tecnológico.
El antecedente paraguayo expone las dificultades que puede generar su aplicación. En la licitación 5G impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), las empresas Tigo y Personal decidieron no presentar ofertas. Cuestionaron que se incorporaran exigencias que no figuraban en la consulta pública original y que limitaban la posibilidad de contratar proveedores chinos.
Uno de los requisitos era precisamente la certificación SCS 9001. Los operadores advirtieron que ninguno de los fabricantes contaba entonces con esa acreditación y que el pliego tampoco admitía otras certificaciones internacionales más difundidas, como ISO o NESAS. También se exigía que los equipos provinieran de países con los que Paraguay mantuviera relaciones diplomáticas y comerciales formales.
Las empresas cuestionaron que esas condiciones vulneraran el principio de neutralidad tecnológica y restringieran la competencia mediante criterios ajenos al desempeño técnico y económico de los equipos. Finalmente, solamente Claro y Nubicom presentaron ofertas en aquella etapa de la licitación.
El mecanismo que ahora adopta Argentina tiene una consecuencia similar. La certificación estadounidense no está disponible para empresas incluidas en determinadas listas restrictivas de Washington. Entre ellas figuran Huawei y ZTE, dos de los principales proveedores mundiales de infraestructura de telecomunicaciones.
La decisión argentina también estuvo precedida por una crisis dentro del propio organismo encargado de aplicarla. El anterior director del Centro Nacional de Ciberseguridad, Ariel Waissbein, presentó su renuncia después de que el Gobierno cancelara intempestivamente un encuentro sobre seguridad informática en el que iban a participar proveedores chinos, entre otros expositores.
La suspensión del evento, comunicada a último momento, provocó malestar entre las autoridades del organismo. También renunció el subdirector Ezequiel Gutesman. No se informó oficialmente el motivo de la cancelación ni quién había ordenado levantar la actividad.
El reemplazante de Waissbein fue Walter Fabián Agüero. Al día siguiente de que se formalizara su designación, firmó la disposición que introduce los nuevos requisitos de certificación. La secuencia se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos para reducir la presencia tecnológica china en las redes estratégicas de América Latina.
La norma alcanza inicialmente a las compras de organismos y empresas estatales, incluida Arsat. Sin embargo, el artículo 9 encomienda al ENaCom evaluar la incorporación de esos requisitos a los procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los operadores privados.
El alcance potencial es considerable. Según estimaciones del sector, uno de los principales operadores móviles argentinos tiene alrededor del 70% de su red montada sobre tecnología Huawei. Una extensión de las restricciones podría alterar los planes de inversión y renovación de infraestructura, aunque la disposición vigente no exige reemplazar equipos instalados ni prohíbe comercializar celulares chinos.
La Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC) ya expresó su preocupación. La entidad cuestionó que las exigencias dependan de un único sistema privado de certificación y reclamó una consulta pública, el reconocimiento de otros estándares internacionales y el respeto de la neutralidad tecnológica.
La decisión también recibió el respaldo del embajador estadounidense Peter Lamelas. Durante su reciente visita al país, el subsecretario de Estado Christopher Landau anunció además un financiamiento de 15 millones de dólares para colaborar en la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.
El antecedente paraguayo plantea ahora una pregunta para el mercado argentino: si una certificación presentada como herramienta de seguridad puede terminar funcionando como una barrera de acceso para determinados fabricantes, con consecuencias sobre la competencia, los costos y el despliegue de nuevas redes.
