Juan Pedro Martínez Piedrahita vivía en Argentina hace 19 años y tenía antecedentes penales. Las alertas de su abogada y del CELS a Mosca.
La deportación de Juan Pedro Martínez Piedrahita, un ciudadano uruguayo de 60 años que vivía en Hurlingham desde hace 19 años, hizo ruido en la Argentina y en el país vecino. La decisión en perjuicio del hombre, que tenía antecedentes por violación de domicilio, amenazas y desobediencia reiterada en la Argentina, despertó acusaciones de una medida ilegal que violó los derechos humanos.
El arresto de Martínez Piedrahita se dio por un trabajo conjunto por parte de la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad. Luego, la Dirección Nacional de Migraciones y el juzgado a cargo justificaron su decisión en el DNU 366/2025 que estableció cambios en las causas de expulsión de extranjeros.
Por caso, en el artículo 29 señalan que todos los extranjeros que hayan sido condenados penalmente en el país podrán ser deportados, sin importar la gravedad del delito que hayan cometido, ni la duración de la pena.
El operativo se llevó a cabo debido a que, de acuerdo a lo que explicaron fuentes policiales, el ciudadano uruguayo fue condenado en 2021 a un año y seis meses de prisión por los delitos previamente mencionados.
En este marco, Mosca se comunicó con Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien alertó sobre la gravedad de un caso en el que se vulneraron los derechos humanos de Martínez Piedrahita.
“El caso es sintomático de la decisión de las autoridades argentinas de concretar expulsiones de todas aquellas personas con antecedentes penales, sin importar el tipo de antecedente”, comenzó.
Luego, resaltó que “parece indiferente para las autoridades nacionales qué tipo de familia tienen estas personas en Argentina”. Morales hizo hincapié en que el ciudadano uruguayo es padre de tres menores de edad: “Es sostén de familia, y sus hijos ahora pierden la relación cotidiana con uno de sus padres”.
A su vez, el miembro de CELS sumó: “Cuando Juan Pedro intentó presentar información en el expediente para dar cuenta de su situación, las autoridades migratorias decidieron no considerarlas ni tratarlas”.
En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales exige “una revisión de la prohibición de reingreso de Juan Pedro, para que él pueda regresar a la Argentina y pueda discutir con la autoridad migratoria el alcance de sus derechos y acceder a un mecanismo de regularización migratoria”.
Bajo este escenario, desde la Cancillería de Uruguay le dijeron a El País que “varias instituciones del Estado” le están brindando apoyo a Martínez Piedrahita, al mismo tiempo que las “autoridades consulares están verificando la situación con las autoridades argentinas”.
En paralelo a esto, la abogada Zulema Montero, que representa al uruguayo, señaló en declaraciones radiales que su expulsión es ilegal: “Juan fue el día viernes a Migraciones para renovar la precaria. No tenía el DNI ya que contaba con antecedentes penales por una denuncia de violencia de género”.
“A él le habían dado una condena en suspenso de un año y seis meses. La cumplió. Tras ello, volvió a convivir con su familia de forma armónica, con la misma mujer que lo denunció. Tenían lazos muy fuertes entre ellos. Incluso tienen su propio negocio. Vivían con sus tres hijos argentinos, de seis, 14 y 17 años”, sumó en Futuröck.
Y agregó: “Él se rehabilitó totalmente. Ahora se lo expulsa. No saben la amargura que tiene este hombre al separarse de su familia, de sus hijos, que son su razón de vivir”.
Así, finalizó: “En Migraciones había una orden de expulsión del 31 de marzo de 2023. Jamás fue notificado. Acudió a Migraciones con su esposa en varias ocasiones. En uno de esos episodios, les hicieron firmar una declaración del nuevo domicilio que tenía. Nunca le dijeron nada. Si le notificaban, él tenía opción de presentar recursos”.
