Solicitaron reglas más claras y una visión federal para que se respete la soberanía provincial y no se perjudique al desarrollo de proveedores locales y las cadenas productivas regionales.
Unos ocho gobernadores presentan sus dudas respecto de la claridad de las medidas del Gobierno y esto podría desencadenar en la caída de posibles inversiones millonarias en el marco del Régimen de Incentivos a la Grandes Inversiones (RIGI) en proyectos mineros.
En la segunda jornada de Arminera 2025, los mandatarios provinciales mencionaron la falta de previsibilidad legal y económica. En ese sentido, señalaron que el RIGI puede beneficiaria a grandes capitales por encima de las economías regionales.
Quienes encendieron las alarmas fueron Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta).
De acuerdo a lo que reveló uno de los gobernadores que participó del evento, ”si las reglas cambian todo el tiempo, no hay empresario que apueste a largo plazo. Y si no hay inversión, no hay desarrollo”. Estos se mostraron preocupados por los beneficios fiscales y cambiarios que obtendrían por 30 años a los inversores.
De esta forma, consideran que la soberanía provincial sobre los recursos naturales estarían en jaque, al mismo tiempo que el desarrollo de proveedores locales y las cadenas productivas regionales se verían afectados.
Este escenario adverso se ve entorpecido aún más -según denuncian los mandatarios provinciales- por la falta de diálogo del Gobierno con cada una de estas jurisdicciones. En pos de una mirada federal, los gobernadores solicitaron que se les permita una participación activa a aquellos que concentran la producción minera.
Mientras se desarrollaba el panel “Mano a mano con las provincias”, hubo otro con embajadores de Canadá, Francia, Perú y Suiza, que hablaron sobre el potencial que tiene el país, aunque destacaron la importancia de que alcance una mayor seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica.
