Aunque el Gobierno afirma que no hay costo del Estado, empresas del sector eléctrico recalcaron que los usuarios financiarán los proyectos a través de sus tarifas
El plan de infraestructura eléctrica de USD 6.600 millones anunciado por el Gobierno de Javier Milei comenzó a generar polémica por la letra chica de la medida en relación al origen de los fondos. Pese a que el Ejecutivo insiste en que las obras no tendrán costo para el Estado, ya que asumiría el sector privado el financiamiento, fuentes del sector transportista remarcaron que será el usuario final quien terminará financiando los proyectos. “La financiación sería pagada por el beneficiario. Estamos esperando la resolución”, señalaron en diálogo con Mosca.
El proyecto, presentado por Manuel Adorni como un hito en la modernización del sistema eléctrico argentino, contempla la ejecución de 17 obras clave, entre ellas estaciones transformadoras y más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas. Sin embargo, aún no se sabe que empresas del sector privado darán el financiamiento inicial. Además, esto implicará a futuro un nuevo cargo en las tarifas, pegando en el bolsillo de los ciudadanos.
Desde el massismo, la iniciativa fue catalogada como una “forma libertaria de aumentar impuestos”, ya que reemplaza al anterior esquema de financiamiento —basado en fondos fiduciarios estatales— por un sistema de cobro directo al usuario. Advierten además que no se ha establecido con claridad el plazo en que el costo de las obras serán transferidas a las boletas. “Es una forma de cargar dos veces a los usuarios. Primero con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y ahora con un nuevo canon específico”, denunciaron.
Desde Casa Rosada, inicialmente evaluaron incluir un cargo extra en las boletas mientras las obras se estén haciendo. Sin embargo, terminaron dando marcha atrás para evitar otro sacudón político tras los tarifazos del año pasado.