El gobierno de Joe Biden implementa medidas para potenciar la infraestructura. En nuestro país, los gobernadores están desesperados por políticas de estado.
El Gobierno había estimado un ingreso mínimo de USD 500 millones por la privatización de AySA, pero la oferta más alta llegó a USD 340 millones. Sin precio base y con las tasaciones bajo sospecha, el consorcio mejor posicionado incluye un fondo internacional cuya estructura de propiedad plantea interrogantes. La sombra de Manzano y Lingeri en la trama empresaria.
Según la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida, solo el 16,5% de los encuestados confirmó su asistencia. El 49,5% respondió que no considera hacerlo. El 34% restante aún no sabe si concurrirá.