Mientras miles de fieles esperaban detrás de las vallas, empresarios, políticos y celebridades disfrutaron de una carpa con aire acondicionado y catering de EAT. Denuncian contrataciones por más de 20.350 millones de pesos, sin licitación pública.
Como ocurrió con las vacunas durante la pandemia, las invitaciones del poder volvieron a marcar la diferencia entre quienes tenían acceso privilegiado y quienes debían esperar afuera. La misa del papa León XIV en Palermo reunió a miles de fieles, pero también tuvo un sector exclusivo para famosos, empresarios y políticos. Una carpa con aire acondicionado, catering de lujo y lugares reservados completaron una escena que contrastó con el mensaje de austeridad e inclusión del pontífice.
“Entramos con el QR, invitadísimas”. La explicación de Yanina Latorre, junto a Analía Franchín, condensó en una historia de Instagram el funcionamiento del acceso preferencial. Mientras una multitud esperaba detrás de las vallas para escuchar al Papa, un grupo de invitados disfrutaba de comodidades que no estaban al alcance del resto de los fieles.
Las propias celebridades se encargaron de mostrar el privilegio. Latorre y Franchín publicaron una fotografía de los sándwiches que se habían llevado del catering de EAT, una firma vinculada a los eventos de alta gama de Buenos Aires. “Nuestro picnic”, escribieron. No hizo falta ninguna filtración. Los beneficiarios exhibieron el trato diferencial en sus redes sociales.
La modelo e influencer Angie Landaburu también mostró el interior de la carpa. Había café, jugos, sándwiches y un brunch servido en un ambiente climatizado. Incluso mostró el manto papal. Entre los invitados aparecieron Valeria Mazza y Alejandro Gravier, junto con Carolina Stanley, exministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri y actual asesora general tutelar de la Ciudad.
La lista incluyó a Pampita y su maquilladora, Florencia de la V y su esposo Pablo Goycochea, Alejandra Maglietti, Rocío Marengo, Marcela Tinayre, Claudia Villafañe y el periodista Eduardo Feinmann. También estuvo Belén Ludueña, esposa del jefe de Gobierno porteño, con un vestido del diseñador Gabriel Lage, que participó del encuentro. Mientras tanto, voluntarios que habían trabajado durante la noche denunciaban que debían seguir la ceremonia de pie, lejos del altar.
Latorre explicó después, en su programa de El Observador, que habían invitado a unas 300 personalidades porque los organizadores consideraban que podían contribuir a comunicar el acontecimiento. “No sé cuál es el parámetro”, reconoció. Sobre su propia invitación fue más precisa: “La invitación mía está firmada por Jorge y Belén”, en referencia a Jorge Macri y su esposa. Y resumió el criterio con una frase: “Te invitan y vas, punto”.
La explicación dejó al descubierto una pregunta central: quién decidió que una ceremonia religiosa multitudinaria necesitaba una lista de celebridades con tratamiento preferencial. El abogado Gabriel Iezzi habló, en el programa de Feinmann, de un VIP con comida organizado por una agencia de comunicación. El propio Feinmann confirmó la existencia del espacio, al que identificó como el “Salón Azul”, y atribuyó las invitaciones al gobierno porteño.
Nación y Ciudad se cruzaron por la responsabilidad de la lista. La administración de Jorge Macri reconoció que dispuso de 250 lugares para funcionarios, familiares e invitados especiales, pero evitó publicar los nombres. Según la explicación oficial porteña, las restantes invitaciones correspondían al gobierno nacional y a la Iglesia. Nadie ofreció una nómina completa ni explicó los criterios de selección.
El escándalo de las invitaciones adquirió otra dimensión cuando se conocieron los números de la organización. La diputada Marcela Pagano denunció que el gobierno nacional destinó más de 20.350 millones de pesos, unos 13 millones de dólares según su cálculo, a contrataciones vinculadas con la misa y la vigilia del Papa. Según la legisladora, ninguna se realizó mediante licitación pública.
El contrato más importante quedó en manos de DF Entertainment S.A., la productora vinculada al Lollapalooza y concesionaria del Luna Park. La Jefatura de Gabinete le adjudicó 8.690 millones de pesos para la producción y coordinación de los actos. La contratación se realizó de manera directa bajo el argumento de la urgencia.
Pagano señaló que se invitó a tres empresas, el mínimo legal para esa modalidad, pero solamente una presentó una oferta. También advirtió que hubo al menos seis contrataciones justificadas por urgencia, pese a que la visita papal se conocía desde cinco meses antes.
“Una visita papal no es un terremoto. Se planifica”, cuestionó la diputada. Su planteo apunta al fundamento legal de las adjudicaciones. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas que justifiquen prescindir de una licitación pública. La existencia de una fecha conocida con varios meses de anticipación pone bajo discusión ese argumento, aunque la legalidad de cada contratación depende de sus respectivos expedientes.
Las contrataciones denunciadas abarcaron generadores eléctricos, vallados, pantallas, sonido, transmisión y otros servicios necesarios para la misa y la vigilia. Entre las firmas involucradas en la producción aparece también La Máscara, mientras que Urban participó en la organización y EAT prestó el servicio de catering del sector exclusivo. La distribución exacta de las responsabilidades, los contratos y los pagos de cada empresa requiere conocer la documentación completa.
El pliego adjudicado a DF Entertainment incluía la provisión de carpas, servicios de seguridad, control de accesos y catering VIP. También contemplaba acomodadores para un sector de aproximadamente cuatro mil invitados. Es decir, el espacio preferencial no fue una improvisación de último momento. Estaba previsto en la documentación de la contratación, mucho antes de que las historias de Instagram desataran la polémica.
La diputada puso especial atención en el servicio integral de seguridad y control de accesos. Según denunció, DF Entertainment quedó a cargo de esa prestación, pero no se conoce públicamente a qué empresas subcontrató ni cuánto pagó por esos servicios. Los acuerdos privados de subcontratación no aparecen necesariamente publicados en COMPR.AR, lo que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.
La controversia alcanzó a Tech Security. El periodista Beto Valdez señaló que una fotografía de Juan Luis González, de Noticias, mostraba a dos personas con uniformes de esa firma junto al sector de acreditaciones. Vinculó la empresa con integrantes de la familia Menem a partir de una publicación societaria del Boletín Oficial de febrero de 2024, en la que aparecen Fernando Nicolás Menem y Eduardo “Lule” Menem. La presencia de personal identificado con esa firma no permite, por sí sola, establecer quién la contrató ni cuánto cobró.
Pagano reclamó que el Gobierno publique el expediente completo, identifique a los subcontratistas de seguridad y detalle los pagos realizados a cada uno. También exigió las declaraciones juradas de intereses previstas en el Decreto 202/2017, destinadas a transparentar posibles vínculos entre funcionarios y empresas contratistas.
La polémica llegó al Congreso por otra vía. El diputado Esteban Paulón anunció un pedido de informes para que Karina Milei y el canciller Pablo Quirno expliquen quién invitó a las celebridades, bajo qué criterios y quién financió las atenciones del sector exclusivo.
El episodio también dejó expuesto a Jorge Macri. Durante la visita del Papa, el jefe de Gobierno afirmó que la Iglesia debía marcar el camino de lo que todavía faltaba. En las redes le recordaron sus declaraciones anteriores, cuando cuestionó la asistencia con comida y abrigo a personas en situación de calle porque, según su argumento, podía generar dependencia.
Mientras tanto, desde el altar, León XIV cuestionaba la lógica de negociar con Dios y defendía una Iglesia abierta a todos. A pocos metros, el poder político había organizado un sistema de accesos, acreditaciones y comodidades especiales. La comunión era universal. El catering, por invitación.
