Murata fue sancionada por ocultar contratos. Con serios antecedentes antisindicales y judiciales, ahora vigila el complejo nuclear con un contrato que supera los $14.000 millones.
Nucleoeléctrica Argentina recomendó la contratación de la empresa Murata SA para vigilar el sitio Atucha por $14.039.852.633,52 más IVA durante dos años. Se da luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense sancionara a la compañía por prestar un servicio de vigilancia sin declarar el contrato ante la autoridad de control.
El 15 de junio pasado, la Provincia rechazó el recurso con el que Murata buscaba eludir una multa de $42.516.963,50 y una suspensión de 10 días de su habilitación provincial. Fue el 31 de julio que, en el informe de evaluación y recomendación 3496 de la empresa estatal se consideró técnicamente apta y económicamente conveniente su oferta para los tres lotes de vigilancia de Atucha.
La recomendación no contemplaba que el contrato se pagara ni adjudicara, al igual que la suspensión no fue aplicada, sino que sería efectuada una vez que la sanción quedara firme.
La Provincia se encargó de inspeccionar en octubre de 2022 el Club de Campo La Elina, en Luján. Entonces, los inspectores identificaron a un vigilador de Murata en el lugar, cuya presencia no había sido declarada en el organismo controlante de las empresas de seguridad privada.
De esa forma, en diciembre de 2025 se sancionó a Murata por omitir la comunicación del contrato. Pese a la presentación del recurso de revocatoria, en junio de este año la Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada lo rechazó y confirmó la resolución.
Lo particular de este caso es que Nucleoeléctrica debería revisar los antecedentes de las empresas que recomienda, en este ejemplo, para la vigilancia de Atucha.
En el informe de Nucleoeléctrica, que se encuentra en el expediente 0000066831, se desestimaron tres ofertas de otras empresas. Empresa de Seguridad Integral Alesa SA no dio la documentación necesaria para demostrar la cantidad de vigiladores activos exigida; Maxsegur SRL presentó una habilitación de 2003 en el lugar y mostró acreditación de otros requisitos técnicos; y Airsec SA compartió una una afiliación a CELSI cuando la especificación requería CAESI, además de que propuesta no sería conveniente desde el punto de vista económico.
La empresa estatal recomendó a Murata para los lotes 1,2 y 3, y señaló que estaba apta para brindar el servicio durante 24 meses, con certificaciones mensuales, de acuerdo a las horas prestadas. En registros oficiales se puede ver cómo hubo recomendaciones previas a su favor.
Murata SA cuenta con un sinfín de antecedentes en la Justicia en los últimos años. Uno de ellos fue en 2017, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, multó a la empresas después de constatar que la vigilancia en el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tenía una dotación incompleta, como así también que la nómina entregada no coincidía por completo con el personal asentado en el libro de novedades de ese día.
Durante 2019, el Ministerio de Educación de la Nación no contempló una oferta de Murata para un servicio de vigilancia porque no tenía los índices de solvencia económica previstos en dicho pliego.
Más cerca en el tiempo, en diciembre de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala IV dictó un fallo a favor de los trabajadores de la seguridad privada para la reincorporación inmediata de un delegado sindical despedido por Murata.
Entonces, se dejó asentado que el despido fue contrario a las garantías sindicales protegidas por la Ley 23.551 y fue leído como un intento de disciplinamiento antisindical por el Poder Judicial.
En 2018, Murata quedó bajo la lupa tras ser señalada como una de las empresas de seguridad privada sospechadas de donar fondos a Cambiemos entre 2015 y 2017, que durante ese período sumaron contratos millonarios, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Estado Nacional.
Según investigaba la Justicia, los empleados de Murata se utilizaron para justificar $480 mil en las PASO de 2015, $330 mil en las generales de octubre; y otros seis de ellos aparecen aportando $100.500 en 2017 a la campaña en la Provincia en 2017.
El diario Perfil reveló aquel caso, con el testimonio de la exempleada Brenda Osso, a quien la usaron tres veces: había aportado $95 mil en el primer informe de gastos de las PASO de Cambiemos en 2015; otros $30 mil a la campaña presidencial de octubre; y $16.500 para la campaña legislativa del oficialismo en Provincia en 2017.
Cualquier compañía que preste servicios para el Estado, en cualquiera de sus dimensiones, tiene prohibido por ley aportar a campañas. En ese punto, la Justicia buscaba determinar si el dinero que se donó provenía de parte de su dueño.
