El máximo tribunal rechazó los recursos del exgobernador de Entre Ríos, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Los otros dos recibieron seis años y medio.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por delitos de corrupción y abrió el camino para su regreso a prisión. La decisión también alcanza a su exministro Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los planteos de las defensas. Lo hicieron mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite a la Corte desestimar un recurso sin ingresar en el fondo de la discusión. El expediente tramitó ante el máximo tribunal bajo el número CSJ 2226/2024.
La resolución termina un recorrido judicial de más de cuatro años. Urribarri había sido condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Báez y Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses.
La llamada Megacausa reunió distintos expedientes que tuvieron un mismo hilo conductor: el uso de recursos públicos durante las gobernaciones de Urribarri y, en particular, el direccionamiento de fondos vinculados con publicidad y comunicación oficial.
Uno de los capítulos investigó la adjudicación de pauta a Global Means, una empresa que al momento de recibir trabajos estatales no tenía existencia efectiva ni estaba inscripta como proveedora. Otro puso bajo la lupa a Tep SRL y Next SRL, dos firmas atribuidas a Aguilera que concentraron durante años el negocio de la cartelería oficial.
Pero el capítulo de mayor impacto político fue el denominado “Sueño Entrerriano”. Allí se investigó el uso de fondos públicos para apuntalar el proyecto presidencial de Urribarri. Entre las operaciones cuestionadas estuvieron una solicitada contra los fondos buitre, un parador montado en Mar del Plata por 14 millones de pesos de entonces y el pago de 28 millones a Nelly Entertainment por tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur de 2014.
La sentencia original fue ratificada por la Cámara de Casación Penal en mayo de 2023. En abril de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó las quejas de las defensas. Sin embargo, meses después el propio STJ habilitó parcialmente los recursos extraordinarios que llevaron el expediente hasta la Corte Suprema.
Ese movimiento judicial había postergado la ejecución definitiva de las condenas. En noviembre de 2024, Casación ordenó la prisión preventiva de los principales condenados. Urribarri y Aguilera ingresaron a la Unidad Penal de Paraná el 22 de noviembre y permanecieron allí hasta el 8 de enero de 2025, cuando el STJ durante la feria judicial dispuso que recuperaran la libertad. Báez quedó bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Ahora el escenario cambió por completo. Con la decisión de la Corte ya no queda pendiente la revisión extraordinaria que mantenía abierta la discusión sobre las condenas. El tribunal que dictó la sentencia deberá avanzar con su ejecución y Urribarri, Báez y Aguilera deberán cumplir las penas impuestas.
El fallo también rechazó los planteos de otros condenados del megajuicio, entre ellos Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada. De ese modo quedó firme el núcleo de condenas de una de las causas de corrupción más importantes de Entre Ríos.
Para Urribarri el impacto es además político. El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, luego fue legislador provincial y durante el gobierno de Alberto Fernández fue designado embajador argentino en Israel. Renunció al cargo diplomático después de conocerse la condena de 2022.
La condena firme tampoco cierra los problemas judiciales del exgobernador. Urribarri enfrenta además expedientes por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas coimas vinculadas con contrataciones estatales. Esas causas tienen recorridos independientes y todavía no cuentan con sentencia.
