El fallo reconoce el impacto ambiental y sanitario de las aplicaciones sobre viviendas, fuentes de agua y medios de subsistencia de las familias indígenas.
Después de más de dos décadas de denuncias, familias de comunidades qom del norte de Chaco obtuvieron un fallo judicial que responsabiliza a empresas vinculadas al empresario Eduardo Eurnekian por las fumigaciones con agroquímicos realizadas en un establecimiento de 50.000 hectáreas. La sentencia también alcanzó al Estado provincial por no garantizar una protección adecuada para las poblaciones rurales.
El caso se centra en el establecimiento Don Panos, ubicado entre Pampa del Indio y Presidencia Roca, donde las firmas Unitec Bio, perteneciente al grupo Corporación América, y la arrendataria Marfra S.A. desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y de producción de biocombustibles. Las comunidades sostienen que desde al menos 2006 las fumigaciones afectaron su salud, contaminaron fuentes de agua y destruyeron cultivos y animales de subsistencia.
En su resolución, el tribunal concluyó que las empresas incurrieron en prácticas incompatibles con la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas. Además, consideró que la provincia del Chaco también tuvo responsabilidad al diseñar una “línea agronómica” que fijó las zonas de exclusión para fumigaciones sin contemplar la ubicación de las viviendas rurales ni las fuentes de agua utilizadas por las familias qom. Según el fallo, ese esquema terminó siendo “insuficiente y discriminatorio”.
La sentencia reconstruye un conflicto que se prolongó durante años y que fue impulsado por las propias comunidades. Entre los principales referentes aparece Mariano Peñaloza, quien recorrió durante años los parajes afectados reuniendo denuncias y pruebas sobre los efectos de las aplicaciones de agroquímicos. Su hija, Rosalba Peñaloza, recordó que las fumigaciones provocaron la muerte de animales de granja y afectaron las condiciones de vida de numerosas familias.
Durante el proceso también se incorporaron estudios científicos y pericias ambientales que respaldaron las denuncias sobre contaminación y exposición a agroquímicos, además del acompañamiento de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que visibilizaron el conflicto a nivel nacional.
Aunque el fallo representa un hito para las comunidades indígenas, el conflicto todavía no está cerrado. Las empresas condenadas apelaron la decisión judicial, por lo que el expediente continuará su recorrido en instancias superiores. Mientras tanto, las familias qom consideran que la sentencia constituye el primer reconocimiento judicial de una lucha que lleva más de veinte años por el derecho a vivir sin fumigaciones junto a sus hogares
