La misma estructura empresaria señalada en la polémica por contrataciones en Nucleoeléctrica aparece como proveedora en la represa binacional. Detrás del servicio de limpieza, una red de sociedades, vínculos políticos y contratos que vuelven a cruzar energía, negocios y poder
En el mundo de la energía hay contratos que pasan desapercibidos. No son gasoductos ni represas. Son servicios. Limpieza, mantenimiento, logística. Montos menores en comparación con las grandes obras, pero constantes, previsibles y con una característica clave: duran años. En Salto Grande, uno de esos contratos vuelve a poner bajo la lupa a una estructura empresaria que ya había quedado en el centro del escándalo que sacudió a Nucleoeléctrica y a la gestión de Demian Reidel.
El nombre que aparece formalmente en las contrataciones es GRUB, una empresa del sector de servicios de limpieza. Sin embargo, dentro del sector energético señalan que GRUB mantiene vínculos operativos y societarios con otras firmas del rubro, entre ellas LX Argentina, mencionada en las denuncias internas por presuntos sobreprecios en la licitación del servicio en las centrales nucleares de Atucha y Embalse. La controversia derivó en desplazamientos de funcionarios y una investigación interna que todavía continúa abierta.
Lo que empieza a llamar la atención dentro del sector es la repetición del esquema empresario. Fuentes vinculadas al mercado eléctrico aseguran que no se trata de compañías aisladas, sino de una misma estructura que opera a través de distintas razones sociales y sociedades vinculadas. Un mecanismo habitual en el rubro: empresas que contratan con el Estado bajo distintos nombres, pero que comparten estructura operativa, vínculos societarios o control indirecto. Una suerte de sistema de “mamushkas” empresarias que permite participar en distintos organismos sin aparecer siempre con la misma denominación.
El dato adquiere otra dimensión política cuando se observa la historia reciente del grupo empresario. Investigaciones periodísticas señalaron a estas firmas como proveedoras frecuentes durante gestiones vinculadas al macrismo y como parte del entramado de contratistas que se consolidó en distintos organismos estatales durante los años del PRO.
Ahí es donde la historia vuelve a cruzarse con Salto Grande. Del lado argentino, la represa se transformó en una pieza clave del esquema financiero de Entre Ríos. Regalías, excedentes y contratos asociados a la operación del complejo alimentan un circuito económico que depende directamente de decisiones administrativas de la Comisión Técnica Mixta. En el sector energético lo describen sin rodeos: alrededor de la represa gira un ecosistema de proveedores que se mantiene estable aun cuando cambian los gobiernos.
La conducción argentina de la delegación tampoco es ajena a esa lectura política. La Comisión está integrada por el embajador Alejandro Daneri, el ex diputado Pedro Galimberti y Juan Carlos Chagas. Daneri mantiene un vínculo familiar con el gobernador Rogelio Frigerio, un dato que dentro del oficialismo entrerriano es leído como parte del alineamiento entre la gestión provincial y la administración local del organismo. La represa, además de producir energía, administra contratos.
El escándalo que rodea a Demian Reidel terminó poniendo luz sobre ese tipo de vínculos. En Nucleoeléctrica, la denuncia interna apuntó a que el proceso licitatorio del servicio de limpieza habría reducido la competencia y dejado a un único proveedor en condiciones de continuar, con valores muy por encima de referencias previas. La discusión excede a una empresa puntual y abre una pregunta más amplia: cómo funcionan los circuitos de contratación en empresas públicas y organismos energéticos donde los servicios tercerizados se repiten durante años.
En Salto Grande, esa pregunta empieza a aparecer con más fuerza. Porque mientras la discusión pública se concentra en la energía que se genera o se desperdicia, la verdadera continuidad del negocio pasa por contratos menos visibles. Los que no cambian con el nivel del río.
