El Ministerio que conduce Luis Petri adquirió doce dispositivos móviles de alta gama y no quiso responder a quien se los entregó.
Las compras realizadas por los distintos Ministerios de la gestión libertaria despiertan polémicas constantemente. Hace un año, por caso, Defensa compró 12 celulares de gama alta para sus funcionarios. Tiempo después, con pedidos de acceso a la información pública, la cartera que conduce Luis Petri, se negó a revelar quiénes los recibieron porque “podría ocasionar un peligro para la vida” de los dirigentes.
El 7 de octubre de 2024 el Gobierno realizó una licitación bajo el número de proceso 35-0008-LPR24, para la “adquisición de teléfonos celulares para funcionarios del Ministerio de Defensa”, por la cual se pagaron $15.347.484. Esta contempló la compra de unos modelos Samsung Galaxy A55 5G con 256GB de almacenamiento interno.
Durante los tres pedidos de acceso a la información que realizó el medio Diagonales, una de las respuestas de Defensa fue que “motivó la adquisición que los teléfonos celulares son una herramienta de trabajo fundamental, no solo para comunicarse de manera rápida y eficaz sino también para realizar una gran diversidad de actividades a través de las variadas funcionalidades que ofrecen”.
“El Ministerio no contaba en su flota con equipos de telefonía celular que no hayan alcanzado su estado de obsolescencia tecnológica”, explicaron y agregaron que “requerían utilizar los dispositivos para la firma digital de documentos electrónicos y para la obtención de OTP (one time password) a través de una aplicación móvil con la cual se habilita la firma digital de documentos”.
Con esto último, se puede interpretar que los dispositivos eran destinados a funcionarios altos. Sin embargo, evitó precisar quiénes lo recibieron basando su argumento en “la excepción prevista en el artículo 8°, inciso j), de la Ley N°27.275”, el cual da la posibilidad de no mencionar ciertos datos sobre la “información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”.
“Cada vez que un agente o funcionario cese en sus funciones, se verifica la existencia de eventuales cargos patrimoniales. En caso de que el personal en cuestión tenga bienes asignados, deberá proceder a su devolución”, aclararon.
