Con la reactivación automática de medidas fiscales, miles de cuentas quedaron bloqueadas y se desató una crisis que afecta a varias empresas
Desde el 17 de febrero de este año, la Agencia de Recaudación y Control Argentino (ARCA, ex AFIP) retomó las ejecuciones fiscales con una estrategia que encendió las alarmas en el sector privado. Miles de embargos se activaron de forma automática y simultánea sobre cuentas bancarias de contribuyentes con deudas impositivas. Como efecto, miles de planes de pago se cayeron, muchos fondos terminaron inmovilizados y se generó una ola de reclamos por la imposibilidad de operar con normalidad.
La medida arrancó con quienes deben más de $20 millones, pero en los meses siguientes se extendió también a quienes tienen deudas menores. El proceso no fue gradual ni selectivo, ya que ARCA aplicó las medidas en bloque, lo que colapsó la capacidad administrativa del organismo. De esta forma, miles de empresas y profesionales quedaron atrapados en un circuito burocrático que impide acceder a sus propios fondos durante semanas.
Más allá del embargo, el principal problema es el tiempo que demora su levantamiento. Aunque se pague la deuda, el trámite puede demorar entre 7 y 20 días hábiles, en un contexto donde muchas firmas no pueden detener su actividad ni un solo día. Mientras tanto, se rechazan pagos, se interrumpen débitos automáticos y los informes negativos se acumulan en los sistemas financieros, afectando la reputación crediticia de los contribuyentes.
Además, la falta de coordinación entre sistemas lleva a errores frecuentes. Algunos bancos bloquean montos mayores a los autorizados o directamente impiden operaciones por fallas en la actualización. En paralelo, la caída de planes de facilidades de pago por falta de fondos genera nuevas deudas, que habilitan más embargos.
