Eduardo Arana reemplaza a Adrianzén en medio de una crisis política y social. Sin renovación del gabinete, crecen las dudas sobre el futuro del Ejecutivo peruano
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombró este miércoles a Eduardo Arana Ysa como nuevo presidente del Consejo de Ministros, tras la renuncia de Gustavo Adrianzén, quien dejó el cargo para evitar una moción de censura en el Congreso. Arana, abogado y exministro de Justicia, se convierte en el cuarto primer ministro desde el inicio del gobierno de Boluarte en diciembre de 2022. Su designación ocurre en un contexto de alta tensión política, con una ciudadanía crítica y un Congreso fragmentado.
El cambio en la jefatura del gabinete no significó una renovación profunda en el equipo de gobierno. Boluarte ratificó a 16 de los 18 ministros, una señal de continuidad que fue cuestionada tanto desde el Legislativo como por sectores sociales. Entre los ratificados están los titulares de Defensa, Salud, Educación, Economía, Interior y Transporte, algunos de los cuales habían asumido funciones en las últimas 24 horas. La única ausencia en la ceremonia fue la del canciller Elmer Schialer, actualmente en misión oficial en China.
Arana asume el cargo con antecedentes de controversia: a inicios de mayo, fue duramente criticado por su gestión como ministro de Justicia, luego de la fuga de seis menores del centro juvenil Maranguita. Esta situación motivó un intento de censura en su contra desde el Congreso, lo que pone en evidencia las tensiones que podría enfrentar en su nueva función. Pese a ello, algunas bancadas, como Fuerza Popular, expresaron respaldo a su nombramiento.
El desafío principal de Arana será conseguir el voto de confianza del Congreso en los próximos 30 días. Su antecesor había logrado 70 votos a favor frente a 36 en contra y 17 abstenciones. Si bien su experiencia en derecho constitucional y negociación política es valorada, el desgaste institucional del Ejecutivo complica el escenario. Arana deberá operar en un espacio donde el respaldo parlamentario no está garantizado y donde la aprobación ciudadana sigue en niveles bajos.
