viernes, 11 julio 2025

Los 87 héroes en riesgo: dialoguistas se inclinan por vetar el veto del presidente

A diferencia de lo que ocurrió con la reforma jubilatoria, algunos de los legisladores que acompañaron al Gobierno en esta oportunidad le soltarán la mano al presidente Javier Milei. Saben que el costo político puede ser caro, luego de lo que fue la marcha universitaria de este miércoles en distintos puntos del país.

Por el lado de los radicales, que fueron cinco de esos 87 héroes que elogió el mandatario nacional y los invitó a un asado, su voto afirmativo al veto no está garantizado. Para la UCR, la incidencia pública y la educación son uno de los temas más fuertes del partido a lo largo de la historia. 

De momento, Mariano Campero, de Tucumán, sería el único que no le soltaría la mano al Gobierno. Prácticamente, ya habría dado el paso hacia La Libertad Avanza (LLA). Los otros cuatro aún no plantaron su postura y son una incógnita, por lo que, al bajarse de la iniciativa del libertaria, los votos no darían. 

No obstante, las negociaciones no solo fueron con el radicalismo, Milei y compañía no quieren que tampoco se le escapen los votos del PRO aliado, por lo que también se sentó a hablar con ellos. 

El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Este jueves, horas después de la marcha universitaria, Milei vetó a través del Boletín Oficial la Ley de Financiamiento Universitario y la envió al Congreso para que sea analizada por los legisladores. El Presidente pidió “sensatez institucional” y “no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.

En ese sentido, señala que la ley “establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la administración pública nacional, por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”.

“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la república Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”, puntualizó.

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