La comunidad Lof Malal Pincheira alerta sobre presiones territoriales de la firma Estancia Las Vegas. Denuncian que se busca desplazar a puesteros para dar paso a un megaproyecto de litio.
Un reciente encuentro en Malargüe reunió a asambleas ambientalistas provinciales y a integrantes de la comunidad Mapuche. Durante la jornada, la agrupación Lof Malal Pincheira —conformada por puesteros trashumantes del lugar— alertó sobre presiones de desalojo impulsadas por la firma Estancia Las Vegas S.A., entidad que asegura poseer la titularidad de aproximadamente 22.000 hectáreas en disputa.
Frente a esta situación, el pueblo mapuche argumenta su permanencia amparándose en la Ley 26.160. Dicha normativa respalda los derechos originarios del Lof Malal Pincheira, disponiendo el freno a las ejecuciones de desalojo y exigiendo la ejecución del correspondiente relevamiento territorial en todo el ámbito nacional.
En esos relevamientos se observó la presencia de la comunidad en los alrededores al río Malargüe, de modo que prohibieron los desplazamientos de la misma por la importancia de las prácticas trashumantes que se hacían en el lugar desde hace mucho tiempo.
La normativa fue derogada por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2024. Entonces, se dejó sin efecto una de las prórrogas que había obtenido la Ley para que siguiera aplicando en cada rincón del país.
Desde ese tiempo a esta parte, las comunidades mapuches advierten que no hay garantías y protección estatal para ellos pese a la existencia del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que indica que se “reconoce la posesión y la propiedad comunitaria” de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios.
En diálogo con El Medio, el vocero de Lof Malal Pincheira, Gabriel Jofré, dijo que el Estado debería “reconocer a través de un proceso de adjudicación o un proceso de pago la afectación a quién reclama poseer los títulos de propiedad de la zona”.
En ese contexto, el vocero rechazó la posibilidad de ir a un juicio y que el estado no debe dar camino a “una idea de desaparición de la otra persona cuando las mismas están reclamando un derecho que está reconocido constitucionalmente”.
Las distintas agrupaciones reconocidas en los relevamientos territoriales aseguran que el Gobierno de Mendoza “necesita reemplazar a la gente que hoy está viviendo en la zona” para llevar a cabo el mega proyecto minero Don Luis y Otro.
Si bien el proyecto de litio contemplaba unas 20 mil hectáreas en el sur provincial, luego pasó a abarcar 230 mil hectáreas tras el parate del proyecto y de dos audiencias públicas.
Desde entonces, las comunidades mapuches denunciaron desalojos. “En diciembre desalojaron al Lof Llantén Florido, quiénes habían denunciado ante el director de minería que la empresa instalada en la zona estaba generando contaminación en el arroyo de la zona de Los Parlamentos”, remarcaron.
“A comienzo de año desalojaron la zona del nevado, y ahora se están acercando a la lengua norte de Vaca Muerta”, sumaron.
Los denunciantes indican que Estancia Las Vegas tiene como fin vender las hectáreas del lugar para que sean parte del proyecto. Sin embargo, se está haciendo el consentimiento de quienes viven en esos terrenos.
De acuerdo al último Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina que realizó el CONICET, Malargüe cuenta con un 15% de su territorio en manos extranjeras.
La comunidad enfrenta 24 juicios por desalojo en la provincia y no quiere ir a procesos de judicialización y criminalización porque saben que tienen grandes chances de perder en estas causas y de ir a prisión “por defender que queremos seguir viviendo en nuestras casas”.
