Alejandro Vilches encontró compras hasta veinte veces más caras que en el PAMI y facturas por más de $25.000 millones. Cinco meses después de llevar los informes a la Justicia dejó Discapacidad, en medio de la pelea por los recortes del Presupuesto.
Alejandro Vilches llegó a Discapacidad para apagar el incendio que había dejado Diego Spagnuolo y terminó renunciando después de abrir los cajones de su gestión. En el medio encontró sobreprecios de hasta 4.239%, compras sin licitación ni compulsa, proveedores elacionados entre sí y una deuda exigible de $158.000 millones que no estaba registrada.
La renuncia se produjo el 21 de septiembre. Vilches le mandó una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que invocó “razones estrictamente personales”. El Gobierno formalizó su salida mediante el decreto 1095/2026 y designó desde el 22 de septiembre a Pablo Di Liscia.
Pero la salida ocurrió en un momento particularmente delicado. Vilches había llegado a conducir el área después del desplazamiento de Spagnuolo y tenía entre sus tareas revisar el funcionamiento de un organismo atravesado por sospechas sobre contrataciones y manejo de fondos.
Lo que apareció en esa revisión fue mucho más que desorden administrativo. Vilches remitió informes a la Justicia federal sobre más de 500 expedientes y detectó compras de insumos médicos y ortopédicos realizadas sin licitación ni compulsa previa. En algunos casos, la entonces ANDIS había pagado valores hasta veinte veces superiores a los abonados por el PAMI o a las referencias utilizadas por el propio Ministerio de Salud.
El número más estridente fue un desvío de 4.239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis. En otra revisión aparecieron diferencias de hasta 1.972% y casos en los que el producto entregado no coincidía con el adjudicado. Incluso se documentó el caso de un paciente de Río Negro cuya prótesis figuraba como entregada cuando, según el informe oficial, no la había recibido.
Los informes pusieron además bajo la lupa a nueve proveedores: Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud, Ortopedia Bernat, Artrobone Ortopedia, Cirugía y Ortopedia Imnova, Bymax Medical y Expo Trauma. En conjunto habían emitido facturas a la ANDIS por más de $25.661 millones. La investigación detectó también vínculos familiares y societarios entre algunos de esos proveedores.
A ese agujero se sumó otro todavía mayor. Una auditoría detectó $158.000 millones de deuda exigible que no estaba registrada. Vilches había recibido, además, un organismo con cientos de miles de expedientes acumulados. A comienzos de septiembre aseguró ante Diputados que encontraron unos 620.000 trámites pendientes y que habían logrado reducir ese stock en más de 300.000.
La paradoja política es brutal: el funcionario encargado de revisar la caja salió justo cuando el Gobierno abrió otra pelea por la plata de Discapacidad.
El proyecto de Presupuesto 2027 provocó una discusión dentro del propio oficialismo por los cambios previstos para el sector. Entre los puntos cuestionados aparecieron modificaciones sobre el mecanismo de actualización del nomenclador y el régimen de pensiones. La tensión obligó al Gobierno a admitir que podía revisar algunos aspectos de la propuesta.
Vilches todavía estaba firmando medidas pocos días antes de irse. El 18 de septiembre publicó una actualización del 1,7% para los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, correspondiente a la inflación de agosto, además de mantener el adicional del 20% para prestaciones de la Patagonia. Tres días después presentó la renuncia.
La Casa Rosada se movió rápido y puso en su lugar a Pablo Di Liscia, expresidente del IOMA durante la gestión de María Eugenia Vidal y exfuncionario porteño. El dato político es que su nombre llegó recomendado por Luis Caputo. El nuevo secretario quedó a cargo de continuar las auditorías y el proceso de revisión de las pensiones.
Así, la historia que comenzó con la salida de Spagnuolo sumó otro capítulo incómodo. El Gobierno desplazó al funcionario cuestionado, puso a Vilches a revisar la dependencia y esa revisión terminó convertida en informes judiciales con números difíciles de explicar.
No hay elementos públicos que permitan afirmar que Vilches renunció por esos descubrimientos. La versión oficial habla de motivos personales y otras reconstrucciones describen meses de desgaste. Pero la cronología queda sobre la mesa: encontró irregularidades, las documentó, las llevó a la Justicia y cinco meses después dejó el Gobierno en medio de otra pelea por los fondos de Discapacidad.
Vilches se fue. Spagnuolo ya no está. La ANDIS fue reestructurada. Pero quedaron expedientes, proveedores y miles de millones bajo investigación. La silla volvió a cambiar de dueño; los papeles siguen ahí.
