El Presidente sostuvo que “está claro que no hubo estafa”, pero reconoció que su accionar “no fue acertado”. Aseguró que hoy es “mucho más prudente” y volvió a encender el debate sobre los límites y responsabilidades del poder presidencial.
El presidente Javier Milei intentó cerrar el capítulo del escándalo Libra con una frase que, lejos de clausurar el tema, volvió a encender la polémica. “No lo voy a volver a hacer”, dijo al referirse a su participación en el caso, al tiempo que sostuvo que “está claro que no hubo estafa”, aunque admitió que su accionar “no fue acertado”.
El mandatario buscó trazar una línea defensiva: negar la existencia de un delito pero reconocer un error político. En ese equilibrio incómodo, Milei afirmó que hoy es “mucho más prudente” y remarcó que no repetirá una conducta que expuso a la Casa Rosada a cuestionamientos éticos, legales y políticos.
La declaración tiene un doble efecto. Por un lado, funciona como una autocrítica limitada, cuidadosamente acotada a la forma y no al fondo. Por otro, vuelve a poner sobre la mesa un debate que el Gobierno preferiría dar por terminado: cuáles son los límites de la intervención presidencial en negocios privados y hasta dónde llega su responsabilidad institucional.
El caso Libra había quedado en una zona gris, sin definiciones judiciales concluyentes pero con un fuerte impacto político. La frase “no hubo estafa” apunta a blindar al Presidente frente a eventuales derivaciones legales, mientras que el “no lo voy a volver a hacer” busca contener el costo reputacional.
Sin embargo, el reconocimiento de que “no fue acertado” reabre un flanco sensible. Si no hubo delito, pero sí un error, ¿quién evalúa ese error y bajo qué estándares? La pregunta vuelve a circular en el sistema político y en la opinión pública.
Lejos de cerrar el episodio, las palabras de Milei reactivan una discusión de fondo: la frontera entre el dirigente político y el actor privado, y la necesidad de reglas claras cuando el poder presidencial se cruza con intereses económicos.
En ese sentido, el escándalo Libra deja de ser solo un hecho del pasado y vuelve a proyectarse como un antecedente incómodo para un gobierno que hace de la moralización de la política uno de sus principales discursos.
