El plan para que los argentinos declaren sus dólares guardados “en el colchón” enfrenta trabas y necesitará el apoyo de los gobernadores
El régimen de “inocencia fiscal” que lanzó el Gobierno ya enfrenta serias dificultades para avanzar. Necesitan sí o sí la aprobación del Congreso, y para eso tiene que convencer a los gobernadores, que tienen peso propio en ambas cámaras. Sin ese respaldo, el plan no tiene futuro.
El proyecto de ley propone modificar los montos que definen los delitos de evasión simple y agravada. Esas cifras no se actualizan desde 2017 y hoy están desfasadas por la inflación. También busca reducir los plazos de prescripción de los delitos fiscales, de cinco a dos años, para dar más certezas a los contribuyentes.
Axel Kicillof fue el primero en marcar su rechazo. Desde la provincia de Buenos Aires avisaron que no van a adherir al régimen y que mantendrán todos los controles sobre los contribuyentes que blanqueen. Esa postura encendió las alarmas en el Gobierno, que respondió con una amenaza directa: cortar el intercambio de información con ARBA, el organismo recaudador bonaerense. “Vamos a dejar a ciegas a los sabuesos fiscales de la provincia”, dijeron fuentes cercanas al Gobierno.
Durante el anuncio del proyecto, José Luis Espert, quien encabeza la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, lanzó una seria advertencia a las provincias que todavía no se adhirieron: “Queda en sus manos devolverle la libertad a los ciudadanos de sus provincias, o si quieren persistir con este sistema perverso que tanto daño le ha causado al país. Va para el soviético de (Axel) Kicillof, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe”, declaró en conferencia de prensa.
