Roger Mariaca fue detenido acusado de proteger al narcotráfico. Estados Unidos está detrás de la ofensiva contra la Fiscalía y la expareja de Cerimedo difundió sus fotos con Donald Trump Jr.
La historia de Fernando Cerimedo en Bolivia ya dejó de necesitar giros de guion. Necesita un organigrama.
El consultor argentino está preso y acusado de intentar asesinar a su expareja, Nadia Beller. Ahora también cayó Roger Mariaca, el fiscal general que tenía bajo su órbita las investigaciones contra Cerimedo. El funcionario fue detenido junto a otras trece personas acusado de integrar una organización criminal enquistada en la Justicia y dedicada a proteger narcotraficantes.
Mariaca cayó en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. El operativo alcanzó también a otros fiscales y derivó en procedimientos sobre dependencias del Ministerio Público. El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que no está frente a algunos funcionarios descarriados sino ante una estructura de corrupción instalada dentro de la propia institución encargada de perseguir el delito.
La ofensiva tiene una fuerte participación estadounidense. Dos días antes de la detención, Estados Unidos había retirado la visa a Mariaca y lo había acusado de aceptar sobornos y colaborar con narcotraficantes. Washington también sancionó a otros funcionarios bolivianos y el secretario de Estado Marco Rubio salió a respaldar públicamente la purga encarada por Paz. La DEA aportó información a la investigación y volvió a trabajar con Bolivia después del acercamiento del nuevo gobierno a Estados Unidos.
Mariaca, sin embargo, había rechazado las acusaciones estadounidenses y decía que detrás de ellas había una maniobra para desplazarlo por las causas sensibles que investigaba. Entre los expedientes que mencionaba estaba precisamente el de Cerimedo. De modo que el hombre encargado de investigar al argentino terminó denunciando una operación política poco antes de quedar preso él mismo.
Pero la historia todavía tenía reservado a Sebastián Marset.
El narcotraficante uruguayo, capturado en marzo y enviado posteriormente a Estados Unidos, apareció en un video difundido después de la detención de Mariaca. Allí dijo que el fiscal era su “amigo”, reconoció que hablaba con él y aseguró que le avisaba aquello que necesitaba saber desde la Fiscalía. En otra grabación atribuida a Marset aparece la afirmación de que habría pagado 500 mil dólares para poder permanecer en Bolivia. La autenticidad y el alcance judicial de parte de ese material todavía están bajo investigación.
La escena del operativo tampoco ayudó a bajar el tono. Cuatro personas fueron sorprendidas intentando sacar fajos de dinero de la casa de Mariaca dentro de una ambulancia. Las autoridades informaron que encontraron más de 300 mil dólares que vinculan con una presunta trama de extorsiones. Mariaca niega las acusaciones.
En Bolivia, además, las sospechas sobre los vínculos de Mariaca con Marset no aparecieron ayer. El gobierno sostiene que el fiscal habría favorecido al entorno del narco cuando dirigía la Fiscalía de Santa Cruz. Ahora apareció el propio Marset poniendo voz a una relación que hasta entonces circulaba como acusación política.
Y en el centro de ese vendaval quedó Cerimedo.
El consultor argentino está acusado por el ataque a tiros contra Beller ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz. Ella sobrevivió y lo acusa de haber organizado el atentado. Cerimedo niega haber participado y su defensa sostiene que es víctima de una operación política. La investigación también avanzó sobre su patrimonio y sus actividades empresariales.
La caída de Mariaca abre entonces una pregunta bastante menos pintoresca que todo lo anterior: quién continuará las causas contra Cerimedo y qué ocurrirá con las pruebas reunidas hasta ahora.
Beller directamente puso la mira sobre Estados Unidos. Después de la detención del fiscal difundió fotografías de Cerimedo junto a Donald Trump Jr., Brad Parscale —uno de los estrategas digitales que trabajó para Donald Trump— y Andy Rivas, socio del argentino. Las fotos prueban esos encuentros, aunque por sí mismas no demuestran ninguna intervención estadounidense en la causa judicial.
El contexto vuelve inevitable la sospecha. Rodrigo Paz recompuso la relación de Bolivia con Washington, restableció la cooperación con la DEA y se sumó a una estrategia regional de seguridad impulsada por Estados Unidos. En ese marco cayó Mariaca, un funcionario designado durante el gobierno anterior y enfrentado políticamente con la nueva administración.
La guerra es también doméstica. Mariaca tenía investigaciones que incomodaban al gobierno de Paz y su detención abrió una pelea sobre la legalidad del procedimiento. Incluso juristas bolivianos advierten que, mientras la Asamblea no resuelva su situación, formalmente podría continuar siendo fiscal general.
Así, una causa que comenzó con Cerimedo detenido por una gravísima acusación de su expareja terminó conectada con una purga de fiscales, un narco uruguayo extraditado a Estados Unidos, la DEA, sanciones de Washington y fotos con el hijo de Trump.
El problema ya no es solamente quién investiga a Cerimedo. Es quién investiga al que lo investigaba a él.
