Esta semana se debatirán los proyectos en la comisión de Asuntos Constitucionales. Se cree el Senado dará luz verde, pero el Ejecutivo no aguardará al debate en Diputados.
Si de algo se caracterizó el gobierno de Javier Milei es que para ciertos proyectos que le conviene, rápidamente lanza un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para saltarse de los tiempos del Congreso nacional. En ese contexto, la iniciativa que propone una reforma en la Auditoría General de la Nación puede seguir tal camino.
Se espera que el Senado apruebe el proyecto, aunque luego sobrevuela la idea de que el Ejecutivo le daría un acompañamiento final con el DNU, sin que se vote en Diputados, sector en donde el debate puede empantanar sus objetivos partidarios. Argumentando su postura con el resultado en la Cámara alta, se sacarían de encima el problema de quién lo va a controlar.
A su vez, está la posibilidad de que un DNI más fuerte termine con la colegiación de la auditoría, que se encuentra loteada entre los bloques parlamentarios. El proyecto original de Domingo Cavallo durante el menemismo proponía un Controlador General y un Controlador Adjunto.
En tanto, la colegiación partidaria dio inicio entre las negociaciones del peronismo y el radicalismo que fue plasmada en un capítulo de la Ley de Administración Financiera de 1992.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Ezequiel Atauche, que tiene línea directa con el Gobierno, dijo que la comisión de Asuntos Constitucionales debatirá esta semana los proyectos de José Mayans y Juan Carlos Romero, y hasta incluso podría haber dictamen a favor.
Los principales cambios que proponen son: bajar de ocho a cuatro o cinco los años de mandato de cada auditor; subir de tres a cuatro los representantes de cada cámara; y emparejar los sueldos a los de los legisladores.
En ese sentido, se cree que podría haber un reparto de representaciones de cada espacio político, incluidos miembros de LLA.
