En 2016, Andres Ibarra, ex ministro de modernización, adjudicó por contratación directa casi 3,9 millones de dólares en licencias a esta empresa.
La caída de Microsoft 365 tuvo una derivación política argentina: el especialista en ciberseguridad Marcos Mansueti apuntó contra Mauricio Macri y Andrés Ibarra por las decisiones que pusieron herramientas de trabajo del sector público bajo la infraestructura de la multinacional. El reclamo volvió sobre una discusión que la promesa de modernización nunca consiguió clausurar: quién controla las comunicaciones estatales y qué ocurre cuando el proveedor deja de responder.
“No hay administrador de sistemas estatal que hoy no se acuerde de la madre de Andrés Ibarra, Mauricio Macri”, escribió Mansueti el viernes 13 de noviembre. En el mismo posteo denunció que había servicios, archivos compartidos, correo y mensajería afectados desde hacía más de un día. Cerró con una ironía: “Microsoft364”.
La interrupción internacional está documentada. El informe preliminar del incidente EX1550543/MO1550821 ubica el comienzo el jueves 12 y el cierre el viernes 13 de noviembre. El impacto principal estuvo en Exchange Online, la infraestructura del correo: usuarios sin acceso a sus casillas y demoras en la entrega de mensajes. También afectó funciones de otras aplicaciones que dependen de ese servicio. El documento aclara que la intensidad varió según la región y que buena parte de las otras herramientas permaneció accesible. No permite concluir que todo el Estado argentino haya quedado paralizado.
El antecedente contractual tiene la firma de Ibarra. La Resolución 278/2016, del 22 de agosto de aquel año, adjudicó a MSLI Latam Inc una contratación directa por 3.880.477,80 dólares para la Secretaría País Digital. El paquete incluía 25.250 licencias de Office 365, además de productos Dynamics y Azure.
La justificación oficial invocaba exclusividad e inexistencia de sustitutos convenientes. Prometía “implementación rápida” y “mayor agilidad y seguridad”. La ONTI no había formulado objeciones al criterio utilizado para descartar alternativas. Es un documento concreto sobre la compra; no acredita, por sí solo, la migración de toda la administración pública que plantea Mansueti.
Hay otro dato en el expediente: la relación comercial no nació con Macri. La resolución remite a un contrato entre la Jefatura de Gabinete y Microsoft vigente desde febrero de 2010. La decisión de 2016 se inscribió en ese vínculo previo y amplió la adquisición de herramientas para País Digital.
Mansueti agregó una acusación sobre funcionarios que habrían cruzado al sector privado vinculado al negocio. Sostuvo que sus trayectorias podían reconstruirse en LinkedIn, pero el mensaje no identifica personas, cargos ni fechas. También afirmó que recibió amenazas cuando hizo públicos sus cuestionamientos. Son denuncias del autor del posteo, sin documentación adicional que permita corroborarlas en el material relevado.
El especialista cuestionó además los compromisos de servicio: “Los SLA incumplidos todos del primero al último”. Para establecer qué obligaciones se incumplieron y qué compensaciones corresponden hace falta revisar los contratos vigentes y el impacto en cada organismo. El posteo también menciona una supuesta prescripción dentro de dos años, pero no identifica una causa ni aporta elementos para verificar ese plazo.
La discusión política excede la duración de la caída. Concentrar correo, documentos y herramientas de colaboración en un proveedor exige prever cómo seguir trabajando cuando falla. La contratación de tecnología puede trasladar la operación de los servidores; la responsabilidad por la continuidad del Estado sigue siendo pública.
Ibarra justificó aquella compra con la promesa de agilidad y seguridad. Diez años después, el reclamo obliga a poner sobre la mesa la otra parte de la cuenta: qué alternativas quedaron disponibles, qué organismos resultaron afectados y quién reclama por el servicio que no funcionó.







