En una negociación que parecía complicada, el gobierno logró dictamen para tratar la Ley Bases en el Senado. El acercamiento con los radicales y las provincias patagónicas del ahora Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destrabaron la discusión.
El compromiso principal del gobierno consistió en no insistir en la Cámara de Diputados con propuestas que ya hubieran sido aprobadas en el Senado. Esta medida contribuyó a aliviar cierta tensión.
El oficialismo tuvo que hacer concesiones con Tierra del Fuego en relación a la propuesta de reinstalar el impuesto a las Ganancias a los asalariados, el cual había dejado de ser aplicado el año pasado. La provincia logró ser eximida de pagar el 22% del mínimo no imponible. El respaldo fueguino le garantizó al Gobierno la aprobación del paquete fiscal.
Otros de los cambios acordados fue el aumento de las regalías que recibe Santa Cruz por la actividad minera. El senador santacruceño, José Carambia, propuso aumentarlas del 3 al 15 por ciento. Para ello, el oficialismo se comprometió a modificar la Ley de Minería. Este cambio será parte del paquete fiscal.
En cuanto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los temas que más debate generó en la opinión pública, se determinó que cada provincia tenga la autonomía y facultad de adoptarlo. Se estableció que las megaempresas extranjeras mantengan los beneficios fiscales, pero se añadió que las nacionales que inviertan puedan también acceder a dichos beneficios.
Por otro lado, los hermanos de funcionarios ya no podrán acceder al blanqueo de capitales, al igual que los exfuncionarios que hayan ocupado un cargo en los últimos diez años, en lugar de los cinco que se establecían anteriormente. Además, aquellos que blanqueen capitales estarán sujetos a un régimen especial de Bienes Personales.
También se logró ampliar el listado de organismos públicos y empresas del Estado que no pueden ser disueltos. Entre ellos se encuentran el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.
