miércoles, 17 septiembre 2025

Efectos no deseados de la ley bases: proyectos en pausa y freno en las contrataciones

La demora de la sanción de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Congreso representa un dolor de cabeza para el Gobierno que ya ve plasmada en la realidad varios efectos adversos que son difíciles de ocultar. Los temas más grandes tienen que ver con el estancamiento de la negociación con Petronas, el freno de las contrataciones del sector privado y la destrucción de 126 mil puestos de trabajo.

En primer lugar, a la espera de la definición respecto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la petrolera malaya congeló su megainversión a la Argentina. Desde la compañía aguardan a que sea aprobada, dado que otorga mayores beneficios que la ley impulsada por el kirchnerismo y que sigue en el Senado. 

Petronas invertiría decenas de miles de millones de dólares para lograr el desarrollo industrial del GNL asociado a YPF, algo que comenzó a negociarse desde el anterior gobierno, con Pablo González como interlocutor. Sin embargo, esas primera tratativas quedaron a un costado y el Gobierno ahora planea hacer una nueva norma desde cero, aunque con bastante rechazo parlamentario.

La iniciativa de la gestión anterior, que no pasó de la media sanción, le daba a Petronas los mismo beneficios económicos, impositivos y cambiarios del Decreto 929 o decreto Chevron, que sirvió para desarrollar Vaca Muerta. La principal diferencia es que con el RIGI, la empresa pasaría de repatriar hasta el 50% de las ganancias, al 100%. 

Contrataciones del sector privado

Desde el Gobierno sostienen que ven que las empresas sienten temor para contratar, a la espera de lo que suceda con la Ley de Bases. De todos modos, señalaron que no hay alarma sobre posibles recortes en grandes compañías, tras una fuerte política de ajuste que se desarrolló durante los primeros cinco meses de gobierno.

A su vez, para dimensionar aún más esta cuestión, los datos oficiales registraron una pérdida de 126.000 puestos privados desde septiembre del año pasado a marzo de este año. Desde el Ejecutivo argumentan que se debe a la recesión, la caída de ventas y el freno de las contrataciones. 

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