El Gobierno anunció hace un mes buscaría la apertura del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a la competencia privada. No obstante, aún no hay un decreto que dé inicio a ello y su implementación podría demorar dos años.
Este último dato fue arrojado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, fundamentándose en lo que pasó en otros puntos del mundo.
Por caso, la licitación, la instalación y el recambio de validadoras podría demorar más de 2 años, como ocurrió en Santiago de Chile.
El tamaño del negocio que rodea a la Tarjeta SUBE contempla un cobro de comisiones por $36.400 millones anuales de parte de Nación Servicios. Corresponde al 7% del cobro de 4700 millones de transacciones anuales.
En ese marco, las empresas privadas tendrían acceso a los datos de 12 millones de usuarios, mientras que buscarían liderar el mercado de servicios digitales, en un contexto en el que el director ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperín, se opone a la interoperabilidad.
En qué consiste que el se privatice la Tarjeta SUBE
La Tarjeta SUBE fue creada en 2009 como solución ante la falta de monedas. Privatizar el sistema implica que se pueda pagar colectivos, trenes y subtes con otras modalidades como tarjetas de débito y crédito mediante la tecnología Near Field Communication (NFC) o bien con billeteras virtuales en el celular mediante QR.
