sábado, 21 marzo 2026

El gobierno no homologa las paritarias y la CGT opera en silencio

Analistas advierten que esta postura podría extenderse en el tiempo

La decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la homologación de aumentos salariales que superen el umbral del 1% mensual está siendo una de las principales fuentes de discusión con los gremios. Esta política, implementada a través de la Secretaría de Trabajo, muestra con claridad que desde Casa Rosada ven en los salarios una de las anclas clave para controlar la inflación, aún a costa de una caída sostenida del poder adquisitivo.

En diálogo con Mosca, Carlos Fara sostuvo que el oficialismo no cederá en esta estrategia. “Va a mantener una tensión larga, porque está totalmente jugado a que baje la inflación y no puede aflojar en ese punto. Ya bastante dolores de cabeza le está generando el tema del Garrahan, que es un tema muy sensible”, advirtió. Para el analista político, el gobierno prioriza por sobre todas las cosas la baja de la inflación, aún sabiendo que “la conflictividad social va a aumentar” y que “hay un humor más complicado este año comparado con el anterior”.

Con una perspectiva más económica, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), también cree que el gobierno Milei podrá sostener esta política. “El gobierno te extorsiona con reforma laboral y con despidos. Entonces, los salarios tal vez más adelante los puedas recuperar. Es un poco la lógica que creo que prima en la mirada de buena parte de los sindicalistas”, explicó. Según Letcher, el Ejecutivo está usando el miedo a la pérdida de empleo como herramienta para disciplinar a los gremios y evitar presiones salariales que comprometan la baja de la inflación.

En este contexto, la negativa a homologar el 5,4% pactado por el gremio de Empleados de Comercio, que afecta a más de un millón de trabajadores, desató paros y conflictos, como el cierre temporal de un supermercado Makro en Olivos. Otros sectores, como alimentación, textiles o pasteleros, también enfrentan obstáculos similares. En el sector público, los aumentos se limitaron a porcentajes mínimos, como el 1,5% en enero y 1,2% en febrero, generando un fuerte rechazo de gremios como ATE, que denuncia una pérdida de poder adquisitivo del 40%.

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