La empresa funcionaba como intermediaria para la compra de pasajes de funcionarios, pero tenía pérdidas millonarias.
El conflicto entre Aerolíneas Argentinas y el Gobierno recrudeció en las últimas semanas luego que la gestión de Javier Milei decidiera ponerle fin a un negocio a costa del Estado entre la dicha empresa y Optar S.A, que hacía de intermediaria para la compra de tickets para funcionarios públicos.
En 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se decretó que para la compra de pasajes para los funcionarios se debía contratar directamente a Aerolíneas Argentinas.
“Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deberán contratar aerolíneas argentinas S.A y Austral Líneas Aéreas Cielos de Sur S.A los pasajes que requieran”, rezaba el decreto 1191/2012.
Luego de eso, en 2013 se publicó una decisión administrativa (244/2013) en la que se detalló que para avanzar con esa contratación era necesario recurrir a Optar S.A, cuyo principal accionista es la aerolínea de bandera, que funcionaría como intermediaria.
“Utilización de los servicios de Optar S.A por parte de las jurisdicciones y entidades del sector público nacional para la compra de pasajes”, expresaba la normativa.
El fin de este negocio a costa del Estado terminó con el decreto 747/2024 de Javier Milei, que puso un punto final a esa obligatoriedad para comprarle pasajes a Aerolíneas y a Optar. En ese marco, se podía realizar una contratación con la empresa que se desee.
Pese a esta maniobra que se realizaba con fondos públicos, Optar no tiene ganancias. En 2021, la Auditoría General de la Nación realizó un informe en el que detallaron que emitieron 78.507 tickets pero tuvo una pérdida neta de $108.421.700; en 2022, emitieron 187.011 tickets y la pérdida fue de $259.431.363. Por último, el año pasado se indicó que ingresaron en 2023 $769.620.000 en comisiones.
Días atrás, en medio de la puja con el Gobierno, los gremios aeronáuticos le declararon la guerra a Milei y llevaron a cabo un paro de 24 hora en Aerolíneas Argentinas, al tiempo que Intercargo realizó “asambleas informativas”.
El principal foco de conflicto de parte de los sindicatos no solo recae en que quieren un 70% de aumento, sino que también reclaman que tanto los pilotos como sus familiares puedan acceder a sus viajes de vacaciones en la clase Business.
