Juan Carlos Kategora era director titular de una escuela rural de Misiones, pero acumuló más de nueve años de licencias. En paralelo figuraba como empleado de la empresa provincial de energía, cobraba un adicional del 80% por zona desfavorable y mostraba viajes a Dubai, Abu Dabi y Aruba. El escándalo terminó en renuncia, sumario y denuncia penal.
En Misiones encontraron una forma bastante original de ejercer la dirección de una escuela: no ir. Juan Carlos Kategora fue durante 18 años director titular de la Escuela Provincial N° 733 “Juan M. Irrazábal”, ubicada en Colonia Paraíso, a unos 40 kilómetros de San Vicente. En ese período acumuló 3.363 días de licencia, el equivalente a más de nueve años.
El asunto tiene una particularidad todavía más llamativa. Mientras conservaba su cargo en Educación, Kategora también figuraba como empleado de Energía de Misiones (EMSA), la empresa provincial de electricidad. Esa doble pertenencia quedó ahora bajo investigación para determinar si existieron incompatibilidades y un perjuicio para el Estado.
La historia había sido revelada por Agencia Hoy, que reconstruyó alrededor de 30 trámites administrativos realizados por Kategora ante el Consejo General de Educación (CGE). Entre 2014 y 2020 aparecen 16 pedidos de licencia: trece por “largo tratamiento”, dos por razones particulares y uno por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Antes, entre 2011 y 2013, había gestionado ocho cambios de tareas.
Mientras tanto, la dirección de la escuela quedó durante años en manos de Rubén Nolazco. El propio suplente reconoció que ocupa el puesto desde 2008 y llegó a bromear con que sus 18 años de suplencia debían constituir “un récord” en Misiones. El récord, en todo caso, tenía dos participantes: uno suplía desde hacía 18 años porque el otro conservaba la titularidad mientras acumulaba licencias.
La escuela tampoco queda precisamente a la vuelta de la esquina. Está en una zona rural, a unos 40 kilómetros del casco urbano de San Vicente y se llega por caminos de tierra. Por esa condición, el cargo tenía un adicional salarial del 80% por zona desfavorable. Según Agencia Hoy, Kategora cobraba por 21 horas primarias como director.
El mecanismo, sin embargo, llevaba años dando señales. En 2019 el CGE detectó que Kategora había superado los plazos previstos para sus licencias y dispuso un descuento del 50% de sus haberes. En 2022 intentó avanzar con una renuncia condicionada para jubilarse, pero el trámite no prosperó porque no reunía los requisitos y continuó dentro del sistema educativo.
Ni siquiera 2026 había cambiado demasiado la rutina: acumuló 101 días de licencia por largo tratamiento y otros 45 para atender a un familiar enfermo. La sucesión no fue una licencia única e ininterrumpida, sino períodos de ausencia intercalados con reincorporaciones y nuevos pedidos.
El expediente ganó un toque de turismo internacional cuando aparecieron publicaciones de Kategora en Dubai, Abu Dabi y Aruba. La Justicia todavía no determinó que esos viajes hayan coincidido con licencias médicas. Precisamente por eso se pidió a Migraciones el detalle de sus entradas y salidas del país entre 2006 y 2026 para cruzar las fechas.
La trama también alcanzó a su esposa, Marcela Max. Según la documentación relevada por Agencia Hoy, es docente titular en las escuelas provinciales N° 120 y N° 949 y también registró pedidos de licencia por largo tratamiento. El medio sostuvo además que no estaba frente a alumnos y que estaría afectada al área de Salud Laboral del propio CGE.
Hay un detalle especialmente delicado: distintas fuentes periodísticas señalaron que Max tenía funciones vinculadas al área encargada de tramitar o controlar licencias. Ese punto quedó incorporado al escándalo y deberá determinarse qué intervención concreta tuvo en los expedientes de su marido.
Cuando la historia salió de los pasillos administrativos y se convirtió en escándalo público, Kategora presentó la renuncia. El Consejo General de Educación se la aceptó, pero decidió mantener abierto el sumario para revisar cómo fueron concedidas las licencias, qué documentación médica las respaldó y si existió incompatibilidad con su actividad en EMSA.
El diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social, llevó además el caso a la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 de Posadas. La denuncia pide investigar posibles delitos de defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.
Así, después de 18 años, el director que casi nunca estuvo en la escuela finalmente consiguió asistencia perfecta en un lugar: los expedientes. Ahora será la Justicia la que tendrá que averiguar cómo un sistema educativo pudo sostener durante tanto tiempo una situación que estaba escrita, licencia tras licencia, en sus propios registros.
