El flamante ministro de Justicia promueve una reforma de la Unidad de Información Financiera el órgano que controla el lavado de dinero. El movimiento entra en colisión directa con la llamada ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa pensada para relajar el peso penal sobre contribuyentes.
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La política argentina tiene una extraña capacidad para producir leyes que nacen muertas. No es que fracasen. Es peor: quedan desactualizadas antes de empezar a existir.
Ese parece ser el destino de la llamada ley de Inocencia Fiscal.
El proyecto, que buscaba aliviar la presión penal sobre contribuyentes y reducir la criminalización de ciertas infracciones tributarias, empieza a perder sentido antes de llegar al puerto. El motivo no es jurídico. Es político. Y tiene nombre propio: el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Apenas asumido, Mahiques puso sobre la mesa una serie de cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF). La idea es endurecer los mecanismos de control sobre el lavado de dinero y reforzar la capacidad de investigación del organismo.
En términos simples: más vigilancia financiera.
El movimiento responde a una lógica bastante conocida en los sistemas regulatorios modernos. La presión internacional sobre los países para fortalecer la prevención del lavado es cada vez mayor. Nadie quiere aparecer en los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional como un paraíso amable para el dinero oscuro.
El problema es que ese endurecimiento choca de frente con la filosofía que inspiraba la ley de Inocencia Fiscal.
El proyecto buscaba algo bastante distinto: reducir el peso penal sobre errores o irregularidades tributarias y descomprimir la idea de que cualquier problema fiscal termina convertido en delito. Una lógica más cercana al principio de que el Estado debe cobrar impuestos, no administrar expedientes penales.
Pero si la UIF amplía su radar y fortalece sus mecanismos de investigación, el espíritu del proyecto empieza a evaporarse.
Es una contradicción difícil de disimular: por un lado se quiere reforzar el control sobre el dinero sospechoso; por el otro, se intenta suavizar la persecución penal en materia fiscal.
La política económica argentina conoce bien este tipo de paradojas. Un gobierno anuncia que quiere simplificar la relación entre contribuyentes y Estado, mientras otro sector del mismo sistema institucional endurece la vigilancia financiera.
En ese cruce aparece la ley de Inocencia Fiscal, atrapada en un limbo normativo.
No está formalmente derogada. Pero su lógica empieza a quedar fuera de época.
En el mundo de la regulación financiera, el clima cambió. Después de años de escándalos globales por lavado y evasión, la tendencia es exactamente la inversa: más controles, más trazabilidad del dinero, más capacidad estatal para seguir la ruta de los fondos.
En ese contexto, la idea de relajar el frente penal tributario suena cada vez más difícil de sostener.
La política argentina tiene un talento especial para estas situaciones. Proyectos que se anuncian con entusiasmo, debates que se encienden durante semanas y reformas que prometen cambiar el sistema.
Después llega la realidad.
Y a veces la realidad llega en forma de resolución administrativa. O de un ministro nuevo que decide mover una pieza del tablero.
Esta vez la pieza fue la UIF.
Y la ley de Inocencia Fiscal quedó mirando el tablero desde afuera.
