El Banco Hipotecario, controlado por el Grupo IRSA, manejará los créditos otorgados. En Mosca repasamos otros casos en los cuales el inversionista salió favorecido
El Gobierno oficializó este lunes la disolución del programa Procrear y la administración de los créditos otorgados continuará bajo la órbita del Banco Hipotecario S.A. El dato no pasó desapercibido, ya el Hipotecario está principalmente controlado por el Grupo IRSA, que lidera el empresario Eduardo Elsztain, muy amigo de Javier Milei.
Lo cierto es que a Elsztain se ha involucrado en varios presuntos negocios con el gobierno libertario. No solo fue el propietario del Hotel Libertador, que Milei utilizó como búnker durante la campaña y los primeros días de su gobierno, sino que también es el impulsor del megaproyecto “Ramblas del Plata”, una urbanización de lujo en Puerto Madero Sur de 71,6 hectáreas. El desarrollo, que incluye viviendas, comercios y espacio público, se vería facilitado por la designación de Nicolás Pakgojz —ex IRSA— como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo clave en la gestión de tierras públicas.
Durante la gestión de Milei, el accionista también avanzó en el sector minero, con inversiones millonarias en proyectos como Hualilán y Casposo en San Juan, y El Quevar en Salta. Estas operaciones se benefician del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas del gobierno libertario para atraer capital. Si bien no hay adjudicaciones directas del Estado, la flexibilización regulatoria y el respaldo oficial a los marcos legales de estas actividades consolidan un ecosistema favorable para el empresario.
A estas operaciones se suma la controversia ambiental vinculada a Cresud, otra firma del holding, señalada por deforestar más de 170.000 hectáreas en el Gran Chaco. Un informe de Global Witness vinculó estas actividades al financiamiento internacional y a la permisividad regulatoria de varios gobiernos, incluido el argentino. En este contexto, la postergación de regulaciones ambientales en la agenda oficial y la demora de normas como la Ley Cero Deforestación en Europa, abren interrogantes sobre el respaldo tácito del gobierno a este tipo de negocios.
