La administración de Martín Llaryora se niega a dar a conocer el listado completo de los colaboradores pese a que lo indica la Procuración del Tesoro.
La Legislatura cordobesa fue puesta bajo análisis luego de que se diera a conocer una investigación periodística que busca exponer la falta de transparencia con la que se maneja el Gobierno local, actualmente al mando de Martín Llaryora.
El periodista Sergio Carreras publicó en su cuenta de X un extenso hilo en el que mencionó todos los hechos polémicos.
De acuerdo a su relato, el pasado 16 de enero, un exconcejal peronista, Guillermo Kraisman, fue detenido cuando fue a un banco e intentó cobrar el sueldo de una mujer que figuraba como empleada de la Legislatura de Córdoba.
Meses atrás, el mismo había sido descubierto por el guardia de un supermercado cuando intentó irse sin pagar, con alimentos escondidos en su campera. Entonces, ya era director de Asuntos Comunitarios en la Municipalidad de Córdoba, donde es intendente Daniel Passerini.
Kraisman había ido a cobrar el sueldo de una vecina de su edificio que no sabía que figuraba como agente del Estado ni que tenía abierta una cuenta abierta en el Banco de Córdoba a su nombre.
La creación de los empleados fantasma, según la hipótesis del periodista, sería parte de una maniobra de los legisladores cordobeses para pagarle sueldos a punteros, dirigentes o ex intendentes que se quedaron sin lugar en el Estado en los últimos años.
La Legislatura posee 1.072 contratados, lo que acrecentó la polémica por la falta de ajuste. Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura, tuvo que admitir que ella pidió el nombramiento de la vecina de Kraisman. El Gobierno de Córdoba se negó a dar el listado de colaboradores de los legisladores oficialistas, algo que contaba con el aval de la Procuración del Tesoro.
