La SIGEN les dio plazo hasta el 31 de octubre para presentar sus planes de control de 2027. La medida incluye fondos, contrataciones, salarios y hasta la emisión de títulos. En pleno conflicto por el financiamiento universitario, la decisión suma tensión con los rectores.
En medio del conflicto universitario y con las universidades movilizadas, el Gobierno decidió ponerles fecha límite a sus planes de auditoría. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dispuso que todas las unidades de auditoría interna de las universidades nacionales deberán presentar antes del 31 de octubre sus programas de control para 2027.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 311/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El plazo y la amplitud de los controles adquieren una particular sensibilidad política en un momento de movilización universitaria. Aunque se trata de una medida administrativa de planificación, su oportunidad difícilmente pase inadvertida entre las autoridades académicas.
La resolución establece que cada universidad deberá elaborar su plan a partir de una matriz de riesgos, teniendo en cuenta su tamaño, estructura, distribución territorial, antecedentes de control y recursos profesionales disponibles. Los documentos deberán presentarse a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).
El menú de áreas bajo revisión es amplio. Incluye presupuesto, finanzas, compras, contrataciones, transferencias, convenios, patrimonio, infraestructura, personal y liquidación de salarios. También incorpora tecnologías de la información, ciberseguridad y administración de fondos destinados a investigación y extensión.
Entre los puntos previstos aparece además el control del circuito de emisión y otorgamiento de títulos universitarios. La resolución aclara que la inclusión de esas materias no implica necesariamente una auditoría independiente para cada una, sino que deberán seleccionarse según los riesgos identificados.
Uno de los capítulos centrales es el seguimiento de las rendiciones de fondos ante el Estado nacional. Las universidades deberán identificar los importes recibidos, utilizados, rendidos, observados y pendientes de justificar, junto con sus respectivos vencimientos y documentación respaldatoria.
Las unidades de auditoría deberán emitir informes que distingan los datos efectivamente verificados de aquellos que todavía requieran conciliación. La responsabilidad de elaborar y presentar las rendiciones seguirá en manos de las autoridades universitarias correspondientes.
La SIGEN incluyó una aclaración institucional: las auditorías deberán respetar la autonomía y la autarquía universitarias. No podrán reemplazar las decisiones de los órganos de gobierno ni evaluar el mérito académico o científico. El alcance formal se limita a los procedimientos administrativos y de gestión.
Sin embargo, la discusión excede la letra de la resolución. En pleno conflicto por los recursos presupuestarios, el Gobierno vuelve a colocar la fiscalización de las universidades en el centro de la escena. La exigencia de controles no es, por sí misma, una intervención sobre la autonomía universitaria, pero el momento elegido puede interpretarse como una señal política hacia un sector que mantiene una confrontación abierta con la Casa Rosada.
Mientras las universidades reclaman recursos para funcionar, el Gobierno les exige que preparen sus auditorías para el año próximo. La resolución no modifica directamente el presupuesto ni ordena auditorías extraordinarias, pero suma un nuevo capítulo administrativo a una disputa que ya desbordó los despachos oficiales y llegó a las calles.
La coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria refuerza la lectura política de la medida. Este jueves, docentes, estudiantes, no docentes y autoridades universitarias se movilizan para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y los recursos para sostener el funcionamiento de las casas de estudio.
Hay, sin embargo, una precisión importante: el plazo del 31 de octubre no es nuevo. Ya estaba previsto en la normativa general de planificación de auditorías. La novedad de la Resolución 311/2026 son las pautas específicas para las universidades y su publicación el mismo día de la marcha. Ese contraste permite plantear el tono de provocación política sin atribuirle al Gobierno una intención que no está demostrada.
La disputa queda así concentrada en una escena singular: las universidades salen a la calle para reclamar los fondos que consideran insuficientes, mientras la Casa Rosada les recuerda sus obligaciones de control y rendición de cuentas. Dos discusiones legítimas que, en el contexto del enfrentamiento por el financiamiento, adquieren un significado político difícil de disimular.
