La denuncia de Maximiliano Ferraro contra el beneficio otorgado mediante el RIGI a Harbour Energy abrió múltiples frentes de conflicto.
La denuncia del diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sobre que Harbour Energy, la petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, formaba parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), abrió varios frentes de conflicto.
Entre los distintos personajes o nexos salpicados a la luz de esa decisión del Gobierno, en medio del discurso del presidente Javier Milei sobre que iba a endurecer las sanciones para quienes exploraban y explotaban hidrocarburos en las Islas Malvinas, se destaca el nombre de Paul Mayland.
Este último integró desde octubre de 2023 el directorio de Rockhopper Exploration, el socio británico de la israelí Navitas en Sea Lion, el principal proyecto petrolero de Gran Bretaña en las islas.
Un mes antes de ese ingreso, Mayland se incorporó a ADNOC, ocupando el puesto de Senior Vice President de International Gas & LNG. Fue en agosto de 2024 cuando dejó de ocupar esas funciones para en octubre de ese mismo año pasó a ser director de ADNOC International UK Limited, la sociedad británica del gigante petrolero estatal de Abu Dhabi, nombramiento que actualmente permanece activo.
Lo resonante en todo esto es que YPF es socia de ADNOC en el proyecto Argentina GNL. El acuerdo había sido anunciado en noviembre del año pasado con ENI y XRG, la filial internacional de inversiones energéticas de ADNOC. El movimiento representaba un paso clave hacia la consolidación de una plataforma de gas natural licuado con alcance mundial.
Así las cosas, Ferraro sacudió el último domingo con su denuncia. Según el legislador, Harbour Energy cuenta con el 15% de Southern Energy a través de la Resolución 559/2025, la cual le permite desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.
En su denuncia publicada en redes sociales, Ferraro remarcó que Harbour Energy es la mis ma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, cuya denominación fue modificada en 2021.
Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución que se apoyada en la Ley 26.659, por sus actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, cerca de las Islas Malvinas.
Tras la sanción recibida de 15, Premier no abandonó sus actividades inmediatamente en Sea Lion, sino que lo hizo recién el 23 de septiembre de 2022, ya con la denominación de Harbour, cuando se completó la transferencia a través de la cual Navitas entró a las licencias de North Falkland Basin. De esta forma, la inhabilitación debe computarse desde el momento en que cesó efectivamente la conducta sancionada, es decir que la proyección de la prohibición será hasta 2037.
Es por este motivo que el escándalo destapado por Ferrar cobra aún más valor. Porque una empresa que está actualmente inhabilitada por explorar y explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas entró a uno de los proyectos aprobados por el RIGI del Gobierno.
Por otro lado, Harbour posee el 15% de Southern Energy y comparte sociedad con Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar LNG. Buscan producir GNL frente a las costas de Río Negro con buques flotantes de licuefacción y ser la primea plataforma exportadora de gas de Vaca Muerta.
Fue en abril de 2025 cuando el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aprobó el ingreso de Southern Energy al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo
En abril de 2025, Luis Caputo firmó la Resolución 559 y aprobó el ingreso de Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. El Gobierno ahora tendrá que explicar por qué decidió beneficiar a una empresa sancionada por un conflicto de intereses con Malvinas.
Uno de los nombres más salpicados por la maniobra es el de Daniel González, quien cuenta con la confianza de Caputo y es clave en el manejo energético del gobierno. Más allá de la firma final del titular del Palacio de Hacienda, intervinieron en la decisión desde la Secretaría de Energía hasta la Unidad de Coordinación RIGI y el Comité Evaluador.
Las empresas argentinas que eligieron a Harbour como socia para distintos proyectos también quedan manchadas por lo expuesto en las últimas horas. Tanto YPF, Pan American Energy y Pampa Energía deberán explicar qué es lo que sabían sobre la compañía, cuyo pasado no había sido oculto ni nada por el estilo: estaba publicado de forma oficial que lo que hubo fue un cambio de nombre para pasar de Premier Oil a Harbour Energy.
En el caso de YPF, que cuenta con el control del 51% por parte del Estado, el conflicto es más grave. Porque fue el Estado el que inhabilitó a Premier y luego se asoció con la misma empresa que luego pasó a llamarse Harbour. Luego, le terminó aprobando un RIGI.
