Una diputada de LLA admitió que su hijo viaja con pasajes del Congreso. El caso reaviva el debate sobre privilegios en medio del ajuste
En un gobierno que hizo de la austeridad una bandera, los privilegios siguen apareciendo por la ventana. Esta vez, el ruido lo generó una diputada libertaria de Salta que reconoció sin rodeos que su hijo usa pasajes del Congreso para viajar a Buenos Aires.
La frase fue directa. “Mi hijo estudia abogacía en Buenos Aires, va y viene. Así que viaja con pasajes del Congreso”, dijo María Gabriela Flores. No hubo matices ni aclaraciones. La naturalidad del planteo fue, justamente, lo que más llamó la atención.
El episodio tomó volumen en redes y medios. No solo por el hecho en sí, sino por el contexto. La gestión de Javier Milei construyó su narrativa sobre el recorte del gasto, la eliminación de privilegios y el ajuste sobre la política. En ese marco, cada caso que contradice ese discurso pega doble.
La comparación apareció rápido. El vocero presidencial Manuel Adorni. El comentario que circula ahora es que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica más extendida.
En el Congreso, los pasajes oficiales están pensados para el ejercicio de la función. Diputados y senadores cuentan con cupos para trasladarse entre sus provincias y la Capital. El uso personal o familiar siempre fue una zona gris. Legalmente discutible. Políticamente sensible.
“Esto existe hace años, pero antes se hacía sin decirlo”, afirmó un empleado del Congreso. La diferencia, en este caso, es la explicitud. Lo que antes se manejaba con discreción ahora aparece en primera persona y sin filtro.
El problema no es menor. En un contexto de ajuste sobre jubilaciones, salarios y gasto público, este tipo de situaciones tensiona el contrato simbólico del gobierno con su electorado. La vara moral que se impone hacia afuera se vuelve más exigente hacia adentro.
Desde el oficialismo evitaron escalar el tema. No hubo defensas públicas contundentes ni tampoco sanciones visibles. El silencio, en política, también comunica. Y muchas veces más que una explicación.
En la oposición, en cambio, aprovecharon el caso para cuestionar la coherencia del discurso libertario. Señalan una contradicción entre la prédica anti-casta y las prácticas concretas dentro del Estado.
