La mayor cementera vuelve a manos locales tras dos décadas. Pero el desembarco abre una pregunta incómoda: ¿negocio financiero o integración silenciosa con la obra pública?
La historia no es solo una venta. Es un cambio de época. Loma Negra, la mayor cementera del país, volvió a manos argentinas después de veinte años bajo control brasileño. Pero detrás del titular patriótico, hay otra trama: ingeniería financiera, fondos globales y una discusión que nadie quiere dar en voz alta.
El control quedó en manos de un consorcio liderado por Marcelo Mindlin, junto a Redwood y Moneda. No fue una compra clásica. Fue una jugada más sofisticada. El grupo se hizo con la deuda de InterCement —la controlante brasileña— y desde ahí ejecutó un canje por acciones. Resultado: el acreedor terminó siendo dueño.
La operación implicó además una inyección de USD 110 millones para sostener capital de trabajo e inversiones. Todo en el marco de una reestructuración más amplia: InterCement arrastraba un pasivo cercano a USD 1.500 millones y logró reprogramarlo hasta 2031, despejando vencimientos en el corto plazo.
En términos simbólicos, el dato es fuerte. Loma Negra vuelve a capital nacional por primera vez desde 2005, cuando la familia Fortabat vendió a Camargo Correa por unos USD 1.000 millones. La bandera de la “argentinización” aparece rápido. Pero como suele pasar, el concepto es más ambiguo de lo que parece.
Porque el nuevo esquema no es puramente local. Redwood maneja más de USD 10.000 millones y Moneda cerca de USD 48.000 millones. Es decir: capital argentino en la conducción, pero con financiamiento global detrás. Una fórmula cada vez más frecuente.
El negocio, además, no llega en su mejor momento operativo. Loma Negra mantiene cerca del 45% del mercado local, pero sus números muestran tensión: ventas por USD 154 millones en el último trimestre, con caída interanual del 12,1% y utilidades que se desplomaron 35,1%. La deuda neta ronda los USD 206 millones.
Ahí aparece el punto más sensible. Mindlin no es solo energía. Es también construcción. Es dueño de SACDE, heredera de IECSA. Y eso abre la pregunta inevitable: ¿cemento + obra pública = integración vertical?
El propio empresario salió a negar esa lectura. Según trascendió, rechaza cualquier idea de articulación entre la cementera y su constructora. Pero la desmentida, lejos de cerrar el tema, lo instala. En la Argentina, cuando alguien aclara demasiado rápido, suele ser porque el ruido ya está.
El razonamiento es simple. Controlar la principal productora de cemento y, al mismo tiempo, tener una constructora con presencia en grandes obras, puede generar ventajas competitivas evidentes. Desde precios hasta abastecimiento. No hace falta que exista integración formal para que el mercado lo perciba.
Un ejecutivo del sector lo resume en off, con ironía: “No hace falta firmar nada. Con que se conozcan, alcanza”. La frase exagera, pero marca el clima. Nadie acusa. Pero todos miran.
Mientras tanto, el Gobierno observa en silencio. La operación no solo reconfigura el negocio del cemento. También impacta en un insumo clave para la obra pública y privada. En un contexto donde la construcción todavía no repunta, el control de ese eslabón se vuelve estratégico.
La postal final es incómoda. Una empresa que “vuelve al país”, pero con fondos globales detrás. Un empresario que amplía su mapa de poder. Y una sospecha que, por ahora, no tiene pruebas, pero tampoco se disuelve.
En Argentina, la argentinización nunca es solo económica. Siempre es política. Y, casi siempre, viene con letra chica.
