La causa ya fue archivada por la Justicia y el denunciante fue cesanteado de su cargo en el Consejo provincial de Educación.
El gobierno de Rolando Figueroa quedó envuelto en una controversia tras las denuncias de un docente que habló de un supuesto esquema de irregularidades en el área de Educación. La acusación central apunta a supervisores que cobrarían su salario sin asistir a sus puestos de trabajo.
El denunciante es César Zambrano, quien trabajó en el Consejo Provincial de Educación hasta hace 23 meses, cuando fue cesanteado. Según su versión, detectó que un supervisor no cumplía funciones en la sede que tenía asignada.
A partir de la revisión de expedientes administrativos, Zambrano aseguró no haber encontrado constancias de que el supervisor Pedro Kuhn hubiera desempeñado tareas en la sede correspondiente. El cargo en cuestión es el de supervisor de Música en Junín de los Andes, creado el 23 de abril de 2021 y con asiento en la Escuela N° 153 de esa localidad.
Según relató en diálogo con Mosca, no existirían registros de asistencia. Incluso contó que viajó hasta el domicilio del supervisor en Aluminé, a 109 kilómetros, donde —según su testimonio— Kuhn le habría dicho que no asistía porque no le habían acondicionado una oficina.
Zambrano sostiene que, hasta la fecha, el funcionario continúa percibiendo su salario sin cumplir tareas y que el monto acumulado superaría los 300 millones de pesos. Afirma además que presentó pruebas documentales ante el Consejo, pero que lejos de avanzar en una investigación, el organismo inició un sumario en su contra.
En un video difundido en redes, el ex agente señaló que, tras detectarse las supuestas inasistencias, el supervisor presentó pedidos de licencia que —según él— no figuran cargados en el sistema oficial. “Serían licencias para justificar ausencias en días laborales, aunque no existe correlación con los registros del Estado”, afirmó.
El conflicto escaló. Zambrano asegura que comenzó a investigar otras presuntas irregularidades, como duplicación de matrículas y docentes que no cumplían horarios en escuelas no obligatorias. Dice que, cuando sus denuncias comenzaron a circular en medios locales, se abrió una investigación en su contra bajo la acusación de incumplimiento de funciones.
Según su relato, logró demostrar que un informe presentado por el supervisor había sido adulterado, lo que le permitió regresar a su puesto tras una primera cesantía en diciembre de 2021. Con el tiempo, afirma que el caso detectado es apenas “la punta del iceberg” de un sistema más amplio. “Tengo todas las pruebas y no investigan porque si lo reconocen deberían iniciar procesos en toda la provincia”, aseguró.
También contó que habló en dos oportunidades con Figueroa: antes de que asumiera la gobernación, cuando —según dijo— le prometió combatir la corrupción; y ya en funciones, cuando le habría manifestado que no podía intervenir.
La versión oficial
Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) rechazaron las acusaciones. En diálogo con Mosca, indicaron que la desvinculación de Zambrano “es el resultado de procesos disciplinarios fundados en pruebas irrefutables” y negaron cualquier persecución.
Según el organismo, si bien inicialmente se le aplicó una sanción atenuada por abandono de cargo, el ex agente reincidió en “conductas de extrema gravedad institucional”, lo que derivó en su cesantía definitiva mediante la Resolución N° 0201/2024.
El CPE sostuvo que los hechos acreditados incluyen “hostigamiento y persecución sistemática” hacia el supervisor y la directora de la modalidad, además de acciones intimidatorias. Entre ellas, mencionaron haberse presentado en el domicilio particular del supervisor mientras estaba de licencia para filmarlo junto a su familia “con fines de coacción”.
También lo acusaron de amenazas a directivos escolares y de un uso abusivo de recursos legales que habría afectado el funcionamiento pedagógico. Finalmente, remarcaron que las denuncias penales impulsadas por Zambrano fueron archivadas por la Justicia al no configurarse delito alguno.
Con la causa judicial cerrada y el denunciante fuera del sistema, el caso quedó en una zona gris. De un lado, un ex funcionario que habla de corrupción estructural. Del otro, un organismo que respalda su actuación administrativa y niega irregularidades. El conflicto, aunque formalmente archivado, sigue alimentando el debate en el ámbito educativo neuquino
