viernes, 16 octubre 2026

Corresponsales extranjeros alertan por la represión a la prensa durante las marchas

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina pidió que se revean las medidas dispuestas para no atentar contra la libertad de expresión.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) mostró su preocupación por el comunicado del Ministerio de Seguridad titulado como “Medidas de seguridad para la Prensa- Operativo Congreso”.

Dicho texto marca los límites al desempeño de los trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso durante el 18, 19 y 20 de febrero, además de deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los periodistas que cubren información en la vía pública. 

En ese marco, ACERA remarca que las limitaciones o acciones que restrinjan la labor durante las manifestaciones “no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.

Luego, citaron a organismos internacionales de derechos humanos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), que establecieron que “en contextos de alta conflictividad social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas y trabajadores de prensa para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad”.

La Asociación rechazó el comunicado del Ministerio porque “genera un efecto intimidatorio sobre la labor periodística, desentienden al Estado de su deber de proteger la integridad de los reporteros en cubrimientos de manifestaciones públicas y, de manera aún más grave, trasladan a los propios trabajadores de prensa la responsabilidad por su integridad física, eludiendo así las funciones que la Constitución Nacional y las leyes vigentes asignan a dicha cartera de Estado y a sus agentes”.

En ese marco, ACERA pidió a las autoridades que revean la medida y se proteja el derecho a la libertad de expresión, otorgando medidas que garanticen las condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en hechos de interés público como las protestas. 

“La imposición de restricciones desproporcionadas o generalizadas constituye una vulneración directa del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, ambos pilares fundamentales de todo sistema democrático”, concluyeron.

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