En el tramo final de la reforma laboral, la diputada nacional Marcela Pagano expuso un cambio de último momento que convirtió en obligatorios y permanentes los aportes a cámaras empresarias que pasaban a ser voluntarios.
El proyecto original de la Reforma Laboral establecía que los aportes a cámaras empresarias serían voluntarios. Un día antes del tratamiento en el Congreso, el texto cambió: pasarían a ser voluntarios recién dentro de dos años. Pero horas antes de la sesión, de manera sorpresiva y contradictoria, volvieron a ser obligatorios y, además, con mayor capacidad de recaudación. El giro quedó plasmado en el texto definitivo como artículo 134. En los pasillos del Congreso lo bautizaron como “el misterio del artículo 128”, por el número que tenía en borradores previos.
Así, mientras en los medios el discurso oficial hablaba de bajar costos y eliminar privilegios, en el recinto el oficialismo votó a favor de sostener y fortalecer las llamadas “cajas gremiales empresarias”. Son estructuras vinculadas a entidades como CAME y Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que administran aportes obligatorios incluidos en convenios colectivos.
El caso más emblemático es el del INACAP, que financia capacitación del sector mercantil. Según distintas estimaciones privadas, el esquema podría superar los 75.000 millones de pesos anuales. En sede judicial, el propio instituto reconoció una recaudación superior a los 30.000 millones. Con la reforma, el aporte podría ampliarse hasta el 0,5% de la remuneración del trabajador —ya no sobre una categoría base como Maestranza A— lo que habilitaría una fuerte expansión de los fondos.
La paradoja es evidente. Funcionarios del Gobierno habían cuestionado públicamente estas estructuras, calificándolas como “cajas políticas” que encarecen el costo laboral y afectan la competitividad. Sin embargo, la redacción final no solo mantiene el mecanismo sino que lo consolida y lo potencia. En un contexto de ajuste y exigencia al sector productivo, la señal es contradictoria.
Empresarios pymes advierten además sobre la falta de transparencia en la rendición de esos fondos. Plantean interrogantes básicos: cuánto se destina efectivamente a capacitación, cuánto al sostenimiento de cámaras, salarios, viáticos y estructuras políticas, y cuál es la verdadera representatividad de las entidades que coparticipan esos recursos.
El funcionario apuntado
En este entramado aparece el nombre de Christian Federico Bauab, actual subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Bauab, de trayectoria en el PRO y cercano al ex ministro Jorge Triaca, tuvo roles directivos en entidades empresarias que hoy se benefician con estos aportes.
Fue vicepresidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y también de la Cámara de Comercio del Calzado y Afines de la República Argentina, entidad que integra el consejo directivo de CAME. Esas mismas organizaciones participan del esquema de distribución de fondos del INACAP.
Empresarios críticos hablan de una “ingeniería de cámaras” con escasa representatividad real. En el acta de asamblea de la Cámara del Calzado de 2017 figura Bauab como vicepresidente, junto a dirigentes vinculados a CAME y FECOBA como Martín Trubycz y Nicolás Morelli. Sin embargo, según denuncias, varios de los integrantes designados no registraban actividad comercial en el rubro calzado ante la AFIP, requisito exigido por el estatuto.
En paralelo, esos mismos nombres se sucedieron en el cargo de subsecretarios PyME de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Morelli, por ejemplo, fue designado por decreto 12/18 y, a los pocos meses, autorizó transferencias del Gobierno porteño a FECOBA por seis millones de pesos.
La propia Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad concluyó que Morelli debió excusarse por posible conflicto de interés, en el marco de la Ley de Ética Pública N° 4895. El informe administrativo sostuvo que el funcionario debió abstenerse de firmar convenios y autorizar pagos vinculados a la entidad con la que mantenía lazos institucionales.
Hoy, Bauab ocupa la Subsecretaría PyME de la Nación. Fabián Castillo preside FECOBA y es vicepresidente segundo de CAME. Las mismas entidades integran el esquema que administra los aportes obligatorios del INACAP, correspondientes al convenio de empleados de comercio, la paritaria más numerosa del país.
El interrogante político es inevitable. ¿Cambió la posición del Gobierno respecto de las “cajas empresarias”? ¿Fue la crítica inicial un gesto discursivo para negociar? Lo cierto es que, mientras se exige competitividad y reducción de cargas al sector privado, la reforma laboral terminó consolidando un sistema de recaudación obligatorio que el propio oficialismo había prometido revisar.
