El exministro habla públicamente de una etapa de “ocio” tras años de desgaste político, pero cobra honorarios millonarios como integrante del directorio de la petrolera de bandera
Después de dejar la Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos encontró una transición tranquila. Mientras públicamente habla de una etapa de “ocio” tras años de desgaste político, el exfuncionario comenzó a cobrar honorarios millonarios como integrante del directorio de YPF en representación del Estado nacional. 
La remuneración de los directores de la petrolera con mayoría estatal fue fijada en la última asamblea de accionistas en torno a los 80 millones de pesos mensuales por integrante, un nivel que en el sector energético describen como inusualmente alto para los estándares locales. El esquema se consolidó con la nueva conducción de la compañía, encabezada por Horacio Marín. 
Mientras fue jefe de Gabinete, Francos ocupaba ese lugar sin cobrar honorarios, una práctica habitual en algunos gobiernos para evitar superposición de ingresos. El cambio llegó cuando dejó el cargo ejecutivo y permaneció como director titular, lo que habilitó el cobro de la remuneración. 
El contraste se volvió más visible por declaraciones recientes del propio Francos, quien describió su nueva etapa como un período más relajado, lejos del ritmo cotidiano de la gestión. Según fuentes del sector citadas en la nota original, la tarea de los directores implica reuniones periódicas y una dedicación limitada en términos operativos. 
La continuidad del exjefe de Gabinete en YPF se inscribe además en una extensa trayectoria dentro del Estado, con cargos técnicos y políticos durante distintas administraciones y también posiciones de alta remuneración, como su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
El directorio de YPF, además de definir estrategias empresarias, funciona como un espacio donde confluyen intereses del Gobierno nacional, las provincias petroleras y el management de la compañía. Allí también se expresan tensiones políticas internas del oficialismo y negociaciones con gobernadores y sindicatos del sector. 
En ese contexto, los honorarios del directorio vuelven a abrir una discusión recurrente: cuánto deben cobrar los representantes estatales en empresas públicas y cuál es el límite entre gestión profesional y recompensa política en una compañía que sigue teniendo al Estado como accionista mayoritario.
