Con las cuentas públicas asfixiadas, el gobernador de Córdoba analiza transferirle a nación la caja previsional de la provincia.
Con una proyección de rojo fiscal que escala a 820 mil millones de pesos para 2026, Martín Llaryora evalúa estrategias para licuar el costo político del ajuste que se viene en la la caja de jubilaciones. Mientras el Ejecutivo cordobés define sus pasos, el legislador oficialista Matías Chamorro presentó un proyecto para declarar la emergencia previsional, argumentando la “ausencia total” por parte del gobierno nacional.
Chamorro plantea que la Caja enfrenta una “situación crítica” y propone un sistema solidario. Las alternativas que baraja el Gobierno son la eventual entrega de la Caja a la Nación o delegarla a los gremios. Cualquiera de las opciones, aseguran en el oficialismo, será analizada “con todos los actores involucrados”.
Incluso, en el Centro Cívico admiten que no se descarta convocar a una consulta popular, un mecanismo que ya se utiliza para temas de fuerte sensibilidad social.
En este contexto, los gremios estatales esta semana se movilizaron contra la posibilidad de que se aumenten los aportes destinados a la Caja. Se trata de una facultad del gobernador que está contemplada en el proyecto del Presupuesto 2026, que fue votado en primera lectura y que será convertido en ley el próximo 17 de diciembre.
