Creció bajo el amparo del gobierno de Alberto Fernández y ahora es investigada por lavado de dinero y corrupción
El escándalo del Tapia Gate tiene un corazón financiero que excede al fútbol. Se trata de Sur Finanzas, la financiera que sirvió como el principal sostén económico de la gestión de Chiqui Tapia. La compañía quedó bajo la lupa de la justicia federal tras una serie de allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, que investiga una trama de lavado de activos.
El crecimiento exponencial de la financiera no se explica solo por el mercado privado, sino por su estrecho vínculo con el Estado durante la presidencia de Alberto Fernández. El negocio de la firma de Ariel Vallejo se habría cimentado en una operatoria, donde la firma funcionaba como una “mano amiga” del gobierno en la city, ya que recibía dólares oficiales del Banco Central con permisos discrecionales para intervenir y arbitrar el precio del dólar blue, canalizando cifras millonarias de las reservas a través de esta cueva.
La situación judicial de la financiera se agravó la semana pasada al ser vinculada con la causa ANDIS. La hipótesis de la fiscalía es que Sur Finanzas no solo prestaba dinero, sino que servía como vehículo para lavar fondos de la corrupción. Para ello, se habría utilizado una aplicación propia de criptomonedas llamada Neblockshain, donde se desviaba el dinero en negro para blanquearlo lejos de los controles.
De esta forma, Sur Finanzas logró convertirse en un actor financiero clave en el fútbol argentino, ya que auxilió a varios clubes a cambio de lealtad política. Un caso emblemático es el préstamo por 2.000 millones de pesos otorgado a San Lorenzo durante la gestión de Marcelo Moretti, operación por la cual la financiera cobró intereses millonarios, consolidando una red de dependencia económica entre los dirigentes y el entorno de Tapia.
Los números del dueño de la empresa, Maximiliano Ariel Vallejo, no cierran por ningún lado, ya que figura inscripto como trabajador autónomo en una categoría baja (T3), pero registró movimientos por más de 4.000 millones de pesos sin respaldo documental y más de 1.500 operaciones de compra de moneda extranjera. Además, aparece vinculado a varias sociedades que la AFIP ya catalogó como “apócrifas”.
