65 empresarios enfrentan el juicio oral. Dueños de holdings, popes energéticos, banqueros, y titulares de cámaras encabezan la lista de los acusados.
Este jueves comienza el juicio oral por la Causa de los Cuadernos, considerado el expediente de corrupción más voluminoso de la historia reciente de nuestro país. En el banquillo se sentarán 87 imputados, incluyendo a Cristina Kirchner, exfuncionarios clave como Julio De Vido y José López, y un total de 65 empresarios y directivos del sector privado.
La acusación fiscal describe una presunta asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales provenientes de la obra pública. Según la investigación, estos empresarios conformaban un “club” que se beneficiaba de la cartelización de contratos a cambio de retornos.
Si bien la lista de acusados del sector privado es extensa, un grupo de “pesos pesados” destaca por su nivel de influencia y el rol central que ocuparon en el esquema. En Mosca repasamos cuáles son esos nombres.
Carlos Wagner (Esuco S.A.): Considerado el arrepentido más importante del sector privado, su confesión como imputado colaborador fue clave para la fiscalía. Wagner detalló cómo funcionaba el “Club de la Obra Pública”, asegurando que desde el Ministerio de Planificación se decidía qué empresa ganaría cada licitación y que el resto presentaba ofertas más altas para simular competencia.
Angelo Calcaterra (ex-IECSA): Exdueño de una de las constructoras más grandes del país y primo del expresidente Mauricio Macri, Calcaterra fue uno de los primeros en sumarse como colaborador, admitiendo pagos a Roberto Baratta, aunque su defensa los calificó como aportes de campaña “bajo presión”.
Aldo Roggio (Grupo Roggio): Líder del conglomerado que controla la constructora Benito Roggio e Hijos y servicios de transporte, también confesó pagos como arrepentido, alegando que eran “contribuciones obligatorias” para campañas electorales exigidas por el gobierno kirchnerista. Posteriormente denunció presiones del fallecido juez Bonadio.
Enrique Pescarmona (IMPSA): Histórico líder del gigante industrial mendocino IMPSA, admitió pagos, pero argumentó que fueron producto de una extorsión, ya que el Estado le retenía pagos millonarios por obras ya realizadas. Su defensa ha intentado apartarlo del juicio por motivos de salud.
Gerardo Ferreyra (Electroingeniería): Vicepresidente de una de las empresas de energía más beneficiadas durante el kirchnerismo, su caso es una excepción notable, ya que fue uno de los pocos empresarios que se negó a arrepentirse y permaneció detenido un año. Ferreyra denuncia que la causa es parte de una guerra judicial y que fue presionado para incriminar a Cristina Kirchner a cambio de su libertad.
Juan Carlos “Rudy” Ulloa (Grupo Cumehue SA): Es conocido por haber sido el chofer y hombre de confianza de Néstor Kirchner. Ulloa, devenido en empresario de medios y finanzas en Santa Cruz, no es un constructor tradicional. Está acusado por cohecho activo, vinculado a la logística de la presunta recaudación. Al igual que Ferreyra, enfrentará el juicio sin haber colaborado.
El Gran Ausente en el Juicio: El Grupo Techint
Aunque Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, altos directivos del Grupo Techint, fueron procesados por pagos registrados en los cuadernos, no irán a juicio oral. Tras un largo proceso judicial, la justicia dictó su sobreseimiento. Se aceptó el argumento de la defensa de que esos pagos no estaban vinculados a obra pública en Argentina, sino que se realizaron bajo un “estado de necesidad” (coacción) para proteger a sus empleados en Venezuela durante la expropiación de la empresa Sidor por parte del gobierno de Hugo Chávez.
