En diálogo con Mosca, Jorge Lechman denunció que Eduardo Solari, condenado por abuso infantil, opera en los medios de comunicación de la provincia para perseguir opositores.
El legislador fueguino Jorge Lechman rompió el silencio y denunció públicamente que Eduardo Aníbal Solari, exjefe de bomberos condenado a 22 años de prisión por abuso y pornografía infantil, sigue operando desde el penal de Río Grande con línea directa a funcionarios del poder provincial.
“Nosotros hemos venido hace rato padeciendo la persecución de este medio, La Razón Fueguina, y de otros portales vinculados. Son medios que se dedican a la difamación, con un agravante: quien los maneja muchas veces se conecta, te manda mensajes, te dice ‘soy fulano de tal’. A mí me ha pasado”, relató Lechman a Mosca.
El legislador contó a este medio que recibió en varias oportunidades mensajes de WhatsApp enviados directamente desde el celular de Solari en la cárcel. “Es rarísimo que alguien que está privado de la libertad por un caso tan grave como la pedofilia tenga acceso no solamente a internet, sino también a un móvil en la cárcel. Y a través de ese móvil dirigía los mensajes: te decía ‘ahí va a salir una nota en la que te van a sacudir’ o ‘necesito una ayuda para uno de mis hijos’”.
Según Lechman, lo más grave es que Solari exhibía conversaciones con funcionarios de primera línea del Ejecutivo provincial. “Le ha mandado capturas de pantalla a uno de mis asesores y a un periodista que trabaja conmigo. Mostraba que tenía diálogo con funcionarios donde le ordenaban: ‘sacude a este, sacude a aquel’. Así, directamente”, denunció.
El legislador fue más allá: “Esto que está pasando no es un error. Acá lo que está fallando es, primero, el servicio penitenciario, que le permite a un condenado por pedofilia manejar un teléfono desde la cárcel. Y después, el propio gobierno, porque no se puede desconocer que hay funcionarios que hablan con él y lo usan para hostigar opositores”.
En paralelo, recordó que el propio Solari se ufanaba de tener publicidad oficial. “Sí, tiene publicidad oficial”, confirmó Lechman, lo que, en sus palabras, demuestra que “el Estado financia portales manejados desde el penal por un pedófilo condenado”.
Para el legislador, se trata de una maquinaria de presión y disciplinamiento político: “Ejerce como una especie de presión, se comunica con asesores, manda mensajes mostrando que tiene contactos en el poder. Es grave. Yo he tenido trato con este personaje en otra época, cuando era jefe del cuartel de bomberos, pero lo que está haciendo ahora es intolerable”.
Lechman cerró su denuncia con un mensaje directo a la Justicia: “Acá hay muchísimos fiscales, algunos deberían recoger el guante. Porque no puede ser que un preso por abuso infantil sea, al mismo tiempo, operador político del gobierno”
