A través del Boletín Oficial, se dispuso la disolución del organismo. Fue uno de los más criticados por ser impulsado por el kirchnerismo.
El Gobierno oficializó el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi). Se trata de una medida que ya había sido anunciada junto otras decisiones que iban en contra de las políticas kirchneristas y que solo faltaba que se materializara como ocurrió en las últimas horas.
La medida fue publicada en el decreto 696/2024 del Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Guillermo Francos; y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
“Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”, señala la norma en su texto. Los recursos del Inadi ahora serán destinado al Ministerio de Justicia para “elaborar y poner en ejecución las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
“Llegó el primer decreto delegado. Cierre del INADI. Vale la pena leer los fundamentos del decreto para tomar dimensión del dispendio, descontrol e hipocresía en la q los K habían sumido al Estado argentino”, expresó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en su cuenta de la red social X.
Los detalles del decreto para cerrar el INADI
De acuerdo a lo que se indica en el decreto, la intervención del INADI durante 12 años “fracasó”, por lo que dejó expuesto el “estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”.
En ese sentido, destaca que el Gobierno encontró “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.
“El Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos” y que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional”, agregó.
Así, sostuvieron que esas “irregularidades en la gestión de los recursos” fueron de la mano con el “incumplimiento por parte del Instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
