La Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) dispuso que las Sociedades por Acciones tengan la obligación de presentar por periodos intermedios sus estados contables. Será para las no incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedad.
La medida busca mayor fiscalización del Estado por sobre los comerciantes y custodiar la legalidad del tráfico mercantil. Según el Gobierno Bonaerense, esto además es una herramienta que brinda estadísticas que permiten planificar medidas específicas para el sector.
Esto da en el marco del avance de la Ley Bases, que propone en su Régimen de Regularización de Activos un blanqueo de USD 100.000. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscaría limitar los efectos de su implementación.
Una disputa similar había ocurrido tras la implementación del régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), creado durante la presidencia de Mauricio Macri. Esta reforma permitía abrir una firma en un lapso corto de tiempo, eliminando varios requisitos. La iniciativa había recibido críticas del kirchnerismo, que lo consideraba un instrumento de evasión.
Posteriormente las SAS fueron suspendidas durante el gobierno de Alberto Fernández, y luego relanzadas por Javier Milei en abril de este año.
