viernes, 27 marzo 2026

Siete procuradores, cuatro gobiernos y una sola jugada: la estrategia que salvó a la Argentina en el juicio por YPF

Una misma defensa atravesó una década sin cambios: no pagar y sostener la soberanía. El fallo en Nueva York terminó dándole la razón a esa línea.

El Gobierno celebró el fallo como propio. Pero el resultado en Nueva York no nació ahora. Es el punto de llegada de una estrategia que se sostuvo durante más de una década. Pasaron cuatro gobiernos y siete procuradores del Tesoro. La línea no cambió: resistir, no pagar y defender la potestad soberana del Estado. Y, finalmente, esa estrategia dio resultado.

El juicio por la expropiación de YPF comenzó en abril de 2015, cuando el fondo Burford Capital compró los derechos de litigio de las sociedades Petersen y llevó el caso a tribunales de Nueva York. El reclamo fue concreto: Argentina habría violado el estatuto de la empresa al no lanzar una OPA por el total de las acciones.

Desde el inicio, la defensa quedó en manos del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, un histórico asesor del país desde la crisis de 2002. Ese mismo bufete atravesó la reestructuración de deuda, la pelea con los holdouts y luego el caso YPF. Cambiaron los gobiernos. No cambió el eje jurídico.

Durante la gestión de Mauricio Macri hubo intentos de mover la cancha. Se buscó trasladar el juicio a la Argentina bajo el argumento de que la expropiación era un acto soberano. No prosperó. El expediente siguió en Nueva York y entró en una etapa más técnica, ya bajo la jueza Loretta Preska, heredera del juzgado de Thomas Griesa.

Con el cambio de gobierno en 2019 tampoco hubo un giro de fondo. La Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, reforzó la defensa con el estudio Sullivan & Cromwell, encabezado por Robert Giuffra. Pero la línea siguió intacta: sostener que el estatuto de una empresa no puede imponerse sobre la Constitución.

Ese argumento se convirtió en el corazón del caso. La idea de que ninguna cláusula societaria puede limitar la capacidad del Estado de expropiar por utilidad pública. Una posición que nació con la decisión política de 2012 y que se mantuvo, sin desvíos, durante toda la disputa judicial.

La gestión de Javier Milei tampoco rompió esa lógica. En poco más de dos años tuvo tres procuradores —Rodolfo Barra, Santiago Castro Videla y Sebastián Amerio—, pero ninguno alteró la estrategia. Todos sostuvieron lo mismo: no corresponde pagar.

Hubo, eso sí, movimientos paralelos. El Gobierno exploró alternativas con el estudio Covington & Burling para ampliar el enfoque hacia posibles hechos de corrupción. Y, en simultáneo, se abrieron canales informales con Gerardo “Gerry” Mato, ex HSBC y lobbista vinculado a Burford.

Mato no es un actor marginal. Recibió en su casa de Greenwich a emisarios libertarios antes de la asunción de Milei. En Wall Street todavía recuerdan esas reuniones, donde se buscaba respaldo financiero y se prometía gobernabilidad.

Ya con Milei en el poder, esos contactos continuaron. Mientras la Procuración apelaba el fallo de Preska, en el Ministerio de Economía se analizaban escenarios de acuerdo. Mato visitó al menos seis veces el Palacio de Hacienda tras la sentencia de primera instancia, tal como reveló el sitio La Política Online.

En ese contexto, el festejo oficial generó ruido. “Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida. Tremendo trabajo del equipo legal”, escribió Luis Caputo. El mensaje chocó con la propia cronología del caso.

El Presidente fue más lejos. “Ganamos el juicio por YPF. Argentina no debe pagar nada”, publicó Javier Milei. Y en un acto habló del “mayor logro jurídico de la historia nacional”.

Pero la lectura técnica es otra. Sebastián Maril, uno de los analistas que siguió el expediente desde el inicio, lo sintetizó en una línea: el mismo argumento que Axel Kicillof planteó en 2012 —que el estatuto no puede estar por encima de la ley pública— fue el que terminó validando la Corte de Apelaciones de Nueva York en 2026.

Ahí está la clave. No fue un giro. No fue una innovación. Fue persistencia. Una política de Estado que atravesó administraciones de distinto signo, resistió presiones, convivió con intentos de negociación y, al final, se sostuvo. Y ganó.

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