Material hallado en el celular de un capo de la droga lo muestra ofreciendo contactos en el gobierno de la provincia
El asesinato de Darío Monges parecía una ejecución narco más en el norte argentino. Cinco tiros en la cabeza, una camioneta detenida en un barrio de Salta y un expediente que al principio prometía ser apenas otro caso policial.
Pero el juicio que acaba de empezar empezó a mostrar algo distinto: una escena donde la política y el narcotráfico no aparecen como enemigos, sino como interlocutores.
La clave es un video.
La filmación fue encontrada en el celular de Cristian “El Gringo” Palavecino, uno de los narcotraficantes más pesados del norte. En el registro aparece Monges sentado con el narco. No es una reunión clandestina ni una conversación tensa. Monges habla con soltura, casi con orgullo, de sus contactos políticos. Dice que puede destrabar problemas, acercar funcionarios, abrir puertas.
La escena tiene algo de brutal en su simplicidad: el narco escucha, el operador político ofrece.
Ese material apareció ahora en el juicio y funciona como una bomba política. Porque Monges no era un desconocido. Había trabajado en la administración pública salteña y se movía con naturalidad en los despachos del poder provincial.
En el video menciona dirigentes cercanos al gobernador Gustavo Sáenz. Entre ellos aparece el nombre de Pablo Outes, entonces uno de los hombres fuertes del armado político del mandatario y hoy diputado nacional.
La defensa del oficialismo provincial insiste en que Monges era apenas un gestor sin peso real. Pero el problema es que en la grabación el propio Monges se presenta como algo más que eso: un puente.
Un puente entre dos mundos.
El juicio también volvió a poner en escena otro dato incómodo. El ex secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, quedó imputado por tráfico de influencias por haber facilitado el ingreso de Monges a una cárcel para reunirse con un sicario de alto perfil. Un episodio que refuerza la idea de que el operador tenía acceso a zonas del poder donde no entra cualquiera.
La contradicción es evidente.
Mientras el gobierno provincial reclama más radares, leyes de derribo y control de la frontera para combatir el narcotráfico, el expediente judicial muestra a un operador del propio ecosistema político sentado frente a uno de los jefes narco más importantes de la región.
El caso Monges empieza así a revelar algo más profundo que un crimen mafioso. Expone la zona gris donde el poder político convive con intermediarios que dicen poder resolver problemas en ambos lados del mostrador.
En una provincia que es uno de los principales corredores de la cocaína hacia el sur del continente, esa zona gris no es un detalle menor.
Es, quizás, la parte del sistema que nadie quiere mirar demasiado de cerca.
