La misma estructura empresaria señalada en la polémica por contrataciones en Nucleoeléctrica aparece como proveedora en la represa binacional. Detrás del servicio de limpieza, una red de sociedades, vínculos políticos y contratos que vuelven a cruzar energía, negocios y poder
En el mundo de la energía hay contratos que pasan desapercibidos. No son gasoductos ni represas. Son servicios. Limpieza, mantenimiento, logística. Montos menores en comparación con las grandes obras, pero constantes, previsibles y con una característica clave: duran años. En Salto Grande, uno de esos contratos vuelve a poner bajo la lupa a una empresa que ya había quedado en el centro del escándalo que sacudió a Nucleoeléctrica y a la gestión de Demian Reidel.
El nombre que aparece en ambos casos es LX Argentina, una firma del sector de limpieza que quedó expuesta tras denuncias internas por presuntos sobreprecios en la licitación del servicio en las centrales nucleares de Atucha y Embalse. La controversia derivó en desplazamientos de funcionarios y una investigación interna que todavía sigue abierta. 
Lo que empieza a llamar la atención dentro del sector energético es la repetición del proveedor. Fuentes vinculadas al mercado eléctrico aseguran que la misma estructura empresaria —con distintas razones sociales y sociedades vinculadas— también presta servicios en el ámbito de Salto Grande. Un esquema habitual en el rubro: sociedades que contratan con el Estado bajo distintos nombres, pero que comparten estructura operativa, accionistas o control indirecto. Una suerte de sistema de “mamushkas” empresarias que permite moverse entre distintos organismos sin aparecer siempre con la misma denominación.
El dato adquiere otra dimensión política cuando se observa la historia reciente de la compañía. LX Argentina fue señalada en investigaciones periodísticas como proveedora habitual durante gestiones vinculadas al macrismo y como parte de la red de contratistas que se consolidó en distintos organismos estatales durante los años del PRO. 
Ahí es donde la historia vuelve a cruzarse con Salto Grande. Del lado argentino, la represa se transformó en una pieza clave del esquema financiero de Entre Ríos. Regalías, excedentes y contratos asociados a la operación del complejo alimentan un circuito económico que depende directamente de decisiones administrativas de la Comisión Técnica Mixta. En el sector energético lo describen sin rodeos: alrededor de la represa gira un ecosistema de proveedores que se mantiene estable aun cuando cambian los gobiernos.
La conducción argentina de la delegación tampoco es ajena a esa lectura política. La Comisión está integrada por el embajador Alejandro Daneri, el ex diputado Pedro Galimberti y Juan Carlos Chagas. Daneri mantiene un vínculo familiar con el gobernador Rogelio Frigerio, un dato que dentro del oficialismo entrerriano es leído como parte del alineamiento entre la gestión provincial y la administración local del organismo. La represa, además de producir energía, administra contratos.
El escándalo que rodea a Demian Reidel terminó poniendo luz sobre ese tipo de vínculos. En Nucleoeléctrica, la denuncia interna apuntó a que el proceso licitatorio del servicio de limpieza habría reducido la competencia y dejado a un único proveedor en condiciones de continuar, con valores muy por encima de referencias previas.  La discusión excede a una empresa puntual y abre una pregunta más amplia: cómo funcionan los circuitos de contratación en empresas públicas y organismos energéticos donde los servicios tercerizados se repiten durante años.
En Salto Grande, esa pregunta empieza a aparecer con más fuerza. Porque mientras la discusión pública se concentra en la energía que se genera o se desperdicia, la verdadera continuidad del negocio pasa por contratos menos visibles. Los que no cambian con el nivel del río.
