El gobierno abrió este viernes los sobres con las ofertas económicas para la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, y la novedad fue doble: por un lado, el avance casi definitivo de los grupos locales que desplazaron a las multinacionales del negocio; y por otro, el rebote de IPS Renewal, la empresa que había generado alarma por sus vínculos con Fred Machado, el empresario argentino investigado en causas internacionales de narcotráfico y lavado.
La firma guatemalteco-argentina no logró superar la evaluación técnica y quedó automáticamente afuera del proceso antes de que se conocieran los números finales. En los pliegos figuraba como oferente para una de las represas del sistema, pero su propuesta fue desestimada por “falta de antecedentes específicos y deficiencias en la acreditación de solvencia operativa”. Con eso, se disipó la posibilidad de que un actor sin trayectoria energética —y con una trama societaria bajo sospecha— accediera a un activo estratégico del sistema eléctrico nacional.
La jornada marcó un punto de inflexión en la licitación más sensible de la era Milei: la de las represas Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados/Planicie Banderita, que vuelven a manos privadas tras tres décadas de concesión. Los mejores puntajes correspondieron a consorcios encabezados por grupos locales —en algunos casos con socios provinciales— que desplazaron a gigantes como AES y ENEL, las dos históricas operadoras extranjeras del Comahue.
En Piedra del Águila y Alicurá, las ofertas más competitivas provinieron de empresas de capitales nacionales que hasta hace poco no figuraban entre los jugadores del mercado eléctrico. En El Chocón y Cerros Colorados la diferencia entre las propuestas más altas y las segundas es menor al 10%, lo que abre una instancia de desempate técnico-económico que en el sector ya llaman “ballotage”.
El giro es profundo: por primera vez desde los noventa, el control de la generación hidroeléctrica patagónica podría quedar en manos de operadores locales, varios de ellos ligados a empresarios con pasado en obra pública, agroindustria o concesiones viales. Los grandes grupos globales, en cambio, se retiran sin poder sostener su peso en la nueva etapa privatizadora.
El caso de IPS Renewal —una sociedad formada por empresarios guatemaltecos y argentinos que el año pasado irrumpió en el proceso— había generado inquietud tanto en los despachos oficiales como en el sector energético por su conexión con Machado, acusado en los Estados Unidos de integrar una red de lavado de dinero a través de empresas de aviación y fideicomisos. Su exclusión técnica despejó, al menos por ahora, un frente de controversia judicial y reputacional que amenazaba con empañar la licitación.
Aun así, la foto final de este viernes deja abierta otra discusión: la relocalización del poder energético. Sin extranjeras, con grupos nacionales emergentes, algunos de perfil bajo y vínculos cruzados con la política provincial, el mapa del Comahue se reconfigura. En el discurso oficial, la operación es una “modernización del esquema concesional”; para otros, la muestra de un nuevo empresariado que avanza sobre activos públicos bajo el paraguas del liberalismo mileísta.
Sea cual sea la lectura, lo cierto es que la primera ola privatizadora del gobierno ya tiene su signo: menos multinacionales, más jugadores locales —y un mercado eléctrico que empieza a girar bajo coordenadas propias, aunque no necesariamente más transparentes.
