A través de un comunicado, destacaron que esos fondos provenían de delitos y no representaban un gasto para el Estado
La Iglesia le marcó la cancha al Gobierno y repudió la disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas creado en 2019. Fue través de un comunicado del Equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina.
En el escrito, la Iglesia recalcó que esos fondos eran “activos provenientes del delito que debía administrar el Estado”, por lo tanto, no representaban un costo estatal.
“El Fondo de Asistencia es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas”, explicó la carta.
Además, negó que está disolución genere mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos público, uno de los argumentos que dio el Gobierno en el boletín oficial donde anunció la medida.
Por último, esta comisión sostuvo que la implementación de este mecanismo había puesto al país en “la vanguardia de la lucha contra el delito” y consideró que la decisión del Ejecutivo hace que las víctimas terminen “abandonadas por quienes deberían ser protegidas”.
