Un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA)
reveló fallas graves en la construcción de tres comisarías de la Policía de la Ciudad.
Las obras, correspondientes a las comisarías Nros. 3, 9 y 10, enfrentaron demoras de
entre 300 y 600 días debido a la falta de una planificación adecuada en las licitaciones
públicas y la ejecución de los trabajos.
Entre las principales irregularidades señaladas, se mencionan alteraciones de
metodologías constructivas por fallas en los proyectos originales, falta de valoración
técnica, ausencia de intervención del área legal y ausencia de control en el
presupuesto. Además, se detectó un deficiente control interno de las obras, la
inexistencia de libros de Higiene y Seguridad, así como de partes diarios y planes de
gestión ambiental.
El caso de la comisaría comunal No9 es emblemático. El informe resalta que “La obra
consiste en la construcción de un edificio nuevo destinado al funcionamiento de la
Comisaría Comunal No9. La misma se sitúa en un terreno bajo autopista sobre la
intersección de las calles Juan B Justo y Cuzco en el predio donde se ejecutará la
obra se encontraba funcionando una estación de servicio de bandera YPF
concesionada, que debía retirar el pasivo ambiental, tanques y cañerías y realizar la
remediación del suelo alrededor de los mismos, mandando a analizar las muestras
correspondientes y así poder obtener el certificado de aptitud ambiental emitido por la
Agencia de Protección Ambiental”.
La obra se vio afectada por la falta del Certificado de Aptitud Ambiental. Este
documento era indispensable para continuar con la construcción y demoró
considerablemente, ya que no fue considerado en la planificación original. Según la
empresa adjudicataria, la imposibilidad de seguir con las obras hasta obtener dicho
certificado generó retrasos significativos. La misma adjudicataria informa que “resulta
manifiesta la imposibilidad de continuar la obra en cuestión hasta tanto se haya
presentado el certificado de aptitud ambiental”.
Respecto a esto el Militante Peronista y Auditor General Lisandro Teszkiewicz afirma
que “Queriendo edificar una comisaría sobre un terreno en el que había una estación
de servicio, el primer paso es asegurarse de contar con el Certificado y esto no es
nuevo. Hace casi dos décadas que el PRO gobierna y tienen el conocimiento de los
pasos a seguir y los tiempos que demoran los pedidos”.
Para Teszkiewicz “estos ‘errores de planificación’ que atravesaron todas las obras de la
ciudad desde que Mauricio Macri asumió en 2007, continuando con la gestión de
Larreta y ahora persisten con Jorge Macri, no son gratuitos. En el caso de estas
comisarías le costaron a las vecinas y vecinos porteños centenares de millones de
pesos”.
Por ejemplo el informe detalla que una obra básica en la comisaria N°3 pasó de ser un
presupuesto de 14 millones de pesos a un gasto total de casi 300 millones de pesos;
La comisaría N°9 paso de un presupuesto de casi 24 millones de pesos a un gasto
superior a los 100 millones de pesos; y la comisaría N°10, que costaría poco más de 20
millones de pesos, se terminó pagando casi 550 millones de pesos. Solo en estas 3
obras el gobierno macrista gastó casi 900 millones de pesos, entre demoras y
obras complementarias y sin contar el costo social que significa demorar las
obras de 3 comisarías.
El Auditor de Peronismo x la Ciudad concluye que “La falta de planificación en proyectos de esta magnitud es alarmante, no solo
genera demoras en la ejecución de las obras, sino también costos para la ciudad
y consecuencias para sus vecinas y vecinos, quienes aportan recursos todos
los días para tener una vida digna y sobre todo segura, solo en estas 3
comisarías el gasto pasó de 58 millones a más de 544 millones, es un 920%
de más que pagaron los y las porteñas. El plan de seguridad del macrismo no
solo tiene problemas de prioridades, también de la crueldad que significa pensar
que la función de la policía es perseguir a vecinas y vecinos en situación de calle
y vendedores ambulantes, en lugar de controlar los delitos que afectan a los
habitantes, y además hacen es un despilfarro de dinero y una caja negra de
negociados”.
